El capitalismo de amiguetes y el despilfarro: un agujero de miles de millones que nadie se atreve a tapar
Juan Romero traza esta realidad en la ‘Geografía del despilfarro en España’
Romero ha analizado el agujero entre 1995 y 2016
El análisis indica que se han dilapidado entre 80.000 y 100.000 millones
Juan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia ha dirigido y publicado un estudio que debería ser de obligada lectura en el Congreso de los Diputados y las universidades españolas. Su título lo dice todo: ‘Geografía del despilfarro en España’ (publicado por la Universitat de Valencia) y sus datos ponen los pelos de punta. Su análisis, en el que ha contado con la colaboración de otros ocho expertos, da un dato desolador: analizando solo las obras que han costado más de 10 millones de euros, la falta de eficiencia, los sobrecostes, las obras abandonadas, infrautilizadas, mal programadas o simplemente innecesarias han costado a las arcas públicas más de 81.000 millones de euros en el período entre 1995 y 2016, aunque ese dato puede superar ya los 100.000 millones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia databa en un trabajo en 2015 en 47.500 millones de euros anuales los sobrecostes de media en las contrataciones públicas por falta de competencia. De hecho, el Ministerio de Fomento creó una base de datos en 1994 que dejó claro que el 77% de las obras en España presentaban sobrecostes. Nunca más se supo de ese control.
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En España hay cárteles
Romero es valiente y destaca que estamos ante uno de los grandes problemas de la democracia. “En España ya ha salido la noticia de cárteles que operaban en contrataciones que tenían que ver con contratos en inversiones, infraestructuras, basuras... de manera opaca. Un hecho muy grave, pero parece que no pasa nada. Vivimos en un proceso de colonización de las instituciones, donde grupos de presión o empresas controlan departamentos y centros de poder de ministerios en beneficio propio. Hasta el regulador hace las leyes ya diseñadas por estos intereses y esto merma de forma considerable nuestra calidad democrática. España necesita ser más transparente, avanzar en la calidad de su administración y funcionariado, y acabar con el lastre que supone el cóctel de corrupción, sobrecostes, inversiones fallidas o mal programadas”. Casi nada. Su trabajo académico del despilfarro ha recibido ya 11.000 descargas cuando la media de este tipo de trabajos es de 250, pero ha faltado, como siempre, el feedback de los políticos.
No es el único análisis que deja en evidencia la cultura del despilfarro. Francisco Alcalá Agulló, doctor en Economía por la Universidad de Valencia, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia y research fellow del Center for Economic Policy Research (Londres) y Fernando Jiménez Sánchez, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia y doctor-miembro del Instituto Carlos III-Juan March de Estudios e Investigaciones elaboraron en 2018 un informe titulado ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’, que analizaba el agujero en las cuentas públicas y también ponía negro sobre blanco los déficit democráticos y algunas de las soluciones para remediar uno de los grandes problemas de la gobernabilidad en España. Volveremos sobre ello más adelante.
En el estudio dirigido por Juan Romero se contabilizan nada menos que 15.217 millones despilfarrados entre 1985-95, 147.732 millones de euros entre 1996 y 2007 y 31.556 millones desde el inicio de la crisis hasta ahora. Y hablamos de despilfarro. Que no es lo mismo que corrupción, aunque a veces desemboque en esta.
Déficit de calidad institucional y gobernanza
Los expertos tienen claro que estos miles de millones tirados a la basura son un síntoma claro de nuestro déficit en calidad institucional y sistema de gobernanza en España. Y no, por mucho que The Economist nos coloque entre las 20 economías mundiales, este comportamiento demuestra que esa no es nuestra posición real porque este dato clave no entra en los parámetros de las prestigiosa revista. Romero no nos coloca más allá del puesto 40 y pone el foco en otra realidad desvirtuada. “No es la descentralización la causante de este desajuste, porque la mitad del dinero dilapidado es culpa de la Administración Central. Tampoco sabe de colores políticos el despilfarro como también se quiere dar a entender, ocurre con todos los partidos. El dispendio del dinero público es una lacra generalizada”, destaca.
Esa cultura, como dijo Carmen Calvo, de que el dinero público no es de nadie, se nota al gestionarlo. Y en los permisivos que somos en permitirlo. Los grandes partidos nunca han tenido encima de la mesa cambiar esta realidad que limita como pocas el desarrollo del Estado de Bienestar. De hecho, los expertos consideran que la renta per cápita aumentaría alrededor del 20% (del 10,7% bajo los supuestos más conservadores y del 30,4% bajo los supuestos más optimistas) si se atajara esta indisciplina e indolencia por la que la UE ya nos ha sacado los colores más de una vez.
El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es trivial puesto que incluye aspectos muy diversos que van más allá del control de la corrupción y que abarcan cuestiones como la fortaleza de los organismos de control, la calidad regulatoria, la eficiencia administrativa, la agilidad del sistema judicial, la transparencia del sector público y el buen desempeño del Gobierno en la prestación de servicios públicos. En todo caso, y además de por razones éticas y políticas, la mejora de la calidad de la gobernanza debe constituir una pieza clave de la estrategia de desarrollo de la economía española a largo plazo. Es el análisis y las soluciones que desgrana ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’.
Las soluciones
“Se necesitan organismos realmente independientes y bien dotados que vigilen el gasto del dinero público. Porque de esta falta de control surgen la corrupción y las puertas giratorias; todo va enlazado. De hecho aquí se ha hablado ya de carteles que manejaban de forma opaca operaciones y parece que no ha pasado nada”, sentencia Romero. España muestra una mayor debilidad, de acuerdo con las percepciones de los expertos, empresas y ciudadanos en cuanto a la calidad regulatoria, el respeto a la ley, los adjudicación de los contratos y, sobre todo, control de la corrupción. España falla también en la primacía que tiene el ejecutivo sobre el legislativo y en la capacidad de nombrar los organismos que deben regularlos.
Francisco Alcalá y Fernando Jiménez Sánchez destacan que el tipo de periodismo predominante ha sido un periodismo de defensa que sitúa una gran parte de los medios de comunicación en trincheras desde las que defender al partido más cercano. Eso dificulta el desarrollo de un periodismo independiente y distanciado del juego competitivo de los principales partidos.
En cuanto a la sociedad civil organizada, una gran parte de las ONG tiene una fuerte dependencia de los fondos públicos, lo que reduce su autonomía para controlar y criticar a las autoridades públicas. A su vez, los ciudadanos españoles se han caracterizado por el predominio de una cultura política marcada por la desconfianza institucional y la baja implicación cívica, que se refuerzan ante la incapacidad de la sociedad civil de tener un papel más activo en un entorno tan dependiente de los intereses de los dos grandes partidos. No obstante, los rescoldos de la crisis económica de 2008 han dado lugar a una fuerte activación de la sociedad civil en los últimos años como demuestra el 15M.
En lo que se refiere al mundo empresarial, el hecho de que la regulación de muchos sectores productivos esté en manos de los diferentes gobiernos, así como la importancia que adquiere el sector público para gran número de empresas, también ha incentivado entre los empresarios el cultivo de las mejores relaciones posibles con los grandes partidos. El 90% reconoce la corrupción en la contratación pública.
Y luego está la burocracia. En España existen cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, pese a que este país nos dobla en población y tiene una compleja arquitectura institucional similar a la española.
La regulación económica se vería beneficiada también por el reforzamiento de la independencia de las agencias reguladoras como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España, así como de una mayor transparencia y publicidad en los procedimientos de selección de los miembros directivos de estos órganos. Estos organismos técnicos son fundamentales para el correcto funcionamiento de los mercados, pero con cierta frecuencia han padecido nombramientos de políticos e intentos del ejecutivo de reducir su independencia.
Pero volvamos al análisis del despilfarro, toda una sangría. Juan Romero destaca los casos más significativos a lo largo de estos años. Y estos son solo la punta del iceberg.
El AVE: una apuesta de país de más de 50.000 millones que no sale rentable
El AVE ha sido una apuesta de todos los gobiernos. Si se han invertido más de 50.000 millones sin tener en cuenta que las líneas convencionales, las más usadas y las que vertebran el país, que se han quedado con las migajas, unos 6.000 millones, es que algo falla. Los ciudadanos de Extremadura, Aragón, Galicia, Murcia y Castilla la Mancha lo sufren. España es el segundo país del mundo en kilómetros de red de alta velocidad y presumimos de ello. Solo estamos detrás de China. Pues bien el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018 dio su veredicto; estamos ante un mosaico ineficaz de líneas mal conectadas. La velocidad media de la alta velocidad española es la más baja de los países analizados, el precio del billete es el más bajo y el número de pasarejos por kilómetro también. Respecto a España se incide en el hecho de que a pesar de saber que había trayectos no viables fueron ejecutados.
Autovías rescatadas: más de 5.000 millones perdidos
Cada kilómetro de autovía española costó de media el doble que la alemana. Europa ya nos sacó los colores en 2013 al constatar sobrecostes de entre el 20 y el 30%. Y si luego no funcionan las rescata el Estado. El Tribunal de Cuentas Europeo ha dejado claro que en nuestro país, el segundo más beneficiado en Europa con 8.558 millones entre 2000 y 2013, no se atiende a la rentabilidad, se sobreestima el tráfico, se apuesta por autopistas en vez de autovía, lo que supone que el coste medio se incrementa un 23%. Las radiales de Madrid son un ejemplo palmario. Hacer un trazado casi paralelo de autovías gratuitas es injustificable. ¿Para qué se hicieron entonces? Las radiales pensaban nutrirse de una nueva población provocada por el boom inmobiliario. La crisis acabó con la burbuja.
Castor: una muestra del capitalismo políticamente garantizado
El caso Castor refleja la patología institucional que nos sangra. En su decreto de adjudicación, el Estado se comprometía a dar una compensación en caso de extinción de la concesión aunque se demostrara negligencia o dolo de la empresa. Tras recibir la declaración de impacto ambiental favorable se produjeron más de 350 seísmos durante su funcionamiento. La construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón ha resultado un rotundo fracaso. Ganar, ganó la concesionaria, que recibió más de 1.775 millones en un proyecto tan faraónico como inútil que saldrá por 4.371 millones, según la OCU. Es la socialización de pérdidas más evidente que se recuerda. Los españoles, según el propio Ministerio de Energía, pagarán un 3,1% más de factura de gas durante los próximos 30 años.
Línea 9 del metro de Barcelona: puede acabar costando 19.000 millones
Un ejemplo rotundo de despilfarro de dinero público.
Desaladoras y depuradoras: más de 5.000 millones tirados por falta de planificación
Algunos ejemplos dejan clara la escasa planificación con las que se han realizado estas infraestructuras. Los sobrecostes ascienden a un 128% (de 721 a 1.644 millones de euros como ha dejado claro el Tribunal de Cuentas). Casos sangrantes son la desaladora de Torrevieja que apenas funciona al 10% de su actividad, las de Moncofa y Oropesa, paradas por falta de demanda (104 millones de euros desperdiciados). La desalinizadora de Marbella apenas funcionó unos meses. Y la lista sigue.
Puerto: una apuesta por el cemento por delante del talento
Un informe de Naciones Unidas dejó claro el descontrol de nuestra política portuaria. Una inversión que creció en los años previos a la crisis un 292% mientras el tráfico portuario subió un 76%. 392 millones, según el informe de 2016 habían sido destinados a inversiones ineficaces e insostenibles. El puerto comercial exteriores de Suevos- Arteixo es un ejemplo. Más de 1.000 millones de coste. La ampliación del Puerto de El Musel, el puerto deportivo de Laredo...
Aeropuertos a menos de cien kilómetros
El País Vasco posee tres aeropuertos separados por menos de cien kilómetros. El único rentable es de Bilbao-Loiu. En Galicia hay tres en 50 kilómetros. Se preveían diez millones de viajeros y no se llega ni a la mitad. Es solo un ejemplo que se repite.
Construcciones y Ciudades faraónicas que están vacías
Las construcciones faraónicas como la Ciudad de la Luz o la de la Justicia escenifican como pocas que el negocio era la construcción en sí misma más allá de tener un plan. Ejemplo de ello es la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela que con un presupuesto de 108 millones acabó costando 300. El coste de su mantenimiento es de 9.000 euros al día. Pero hay muchas más.
Los ciudadanos tienen un reto: indignarse tanto con el despilfarro como con la corrupción. Nos cuesta aún más cara.