Los líderes europeos pedirán hoy a Rajoy que acelere la reforma de pensiones y suba el IVA a algunos productos

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete aprobarán este jueves las recomendaciones de política económica que la UE dirige a todos los Estados miembros, y que en el caso de España exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere reformas como la de las pensiones y que suba el IVA para algunos productos y los impuestos a los carburantes.

La aceleración de las reformas es la condición que exige Bruselas a cambio de la prórroga de dos años, hasta 2016, que el Ecofin ha dado a España para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad. Con esta relajación, los nuevos objetivos de déficit son el 6,5% para este año (dos décimas más de lo que había pedido el Gobierno), el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.

En materia de impuestos, los líderes europeos piden a España que suba el IVA a algunos productos a los que en la actualidad se aplica el tipo reducido del 10 al 21%, que aumente los impuestos especiales sobre carburantes y que suprima las deducciones en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades.

Así, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá "realizar una revisión sistemática del sistema fiscal para marzo de 2014". Como parte de este ejercicio, España tendrá que "explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos", así como "adoptar medidas adicionales en impuestos medioambientales, especialmente por lo que se refiere a impuestos especiales e impuestos sobre los carburantes".

Los líderes europeos reclaman además a España reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida.

Por lo que se refiere a las pensiones, los Veintisiete reclaman al Gobierno que concluya la reforma del factor de sostenibilidad antes de que acabe el año, aunque admiten que el cambio no se base sólo en seguir retrasando la edad de jubilación, como reclamaba Bruselas, sino también en un ajuste de la cuantía de las pensiones, tal y como sugiere la propuesta de los expertos.

En materia laboral, la UE pide a España que finalice como muy tarde en julio la evaluación de los resultados de la reforma del año pasado y que "presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de 2013".

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

El Gobierno debe concluir en plazo la reforma de la administración local y "definir para octubre de 2013 un plan para mejorar la eficiencia del conjunto de la administración pública". La UE ve prioritario "mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno, y realizar una revisión sistemática de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar".

En materia sanitaria, los líderes europeos piden a España reducir el gasto farmacéutico en hospitales y mejorar los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos, por ejemplo con más copagos.

Una de las novedades incluidas en las recomendaciones es la petición de "crear un observatorio independiente para informar sobre la evaluación de futuros grandes proyectos de infraestructuras". Además, la UE reclama a España que limite los costes de infraestructuras de transportes que no son rentables y que resuelva cuanto antes el déficit de tarifa eléctrica.

La UE solicita a España que ponga en marcha cuanto antes la nueva ley de unidad de mercado y que apruebe antes de fin de año la norma que liberaliza los servicios profesionales.

En materia fiscal, el Consejo Europeo reclama a España aplicar los presupuestos para 2013 "en todos los niveles de la administración" y "estar preparada para adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones de los planes presupuestarios". Además, el Gobierno debe especificar las medidas estructurales que piensa adoptar para los años 2014-2016 con el fin de cumplir los nuevos objetivos. La meta final debe ser llegar al equilibrio presupuestario en 2018.

La UE exige además que se ponga en marcha antes de final de año la autoridad fiscal independiente y que se mejore la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas.