Los países de la eurozona discutirán mañana el rescate de Grecia pero no desbloquearán la ayuda urgente

Los ministros de Economía de la eurozona examinarán este lunes en Luxemburgo las nuevas medidas de ajuste adoptadas por Grecia a cambio de su rescate, pero no desbloquearán la ayuda urgente de 8.000 millones de euros que Atenas necesita para no suspender pagos en octubre. El retraso se debe a que todavía no está listo el informe de los inspectores de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que debe certificar si Grecia cumple las condiciones.

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, informará a los ministros de la marcha de las negociaciones con las autoridades helenas. Los inspectores -que abandonaron Atenas a principios de septiembre tras constatar fuertes desvíos respecto a los objetivos de reducción de déficit para los próximos años- regresaron al país el pasado jueves después de que el Gobierno griego anunciara un nuevo paquete de medidas, entre las que destaca una tasa inmobiliaria y recortes a los salarios de los funcionarios.

Bruselas considera que estas medidas son un "paso importante" para alcanzar los objetivos pactados de reducción de déficit. No obstante, se prevé que la troika (de la Comisión, el FMI y el Banco Central Europeo) se quede todavía en Atenas hasta el 7 de octubre para concluir las negociaciones, según la prensa griega.

Por todo ello, los ministros de Economía de la eurozona celebrarán una nueva reunión extraordinaria el próximo 13 de octubre, según ha confirmado el representante alemán, Wolfgang Schäuble, para desbloquear los 8.000 millones si el informe de la troika es positivo. Las autoridades griegas han avisado de que, sin esta ayuda, no podrán pagar salarios ni pensiones en octubre.

Los ministros de Economía de la eurozona pasarán revista además a la marcha de las ratificaciones de la ampliación del fondo de rescate de 440.000 millones de euros para países endeudados. La reforma dota al fondo de poderes para comprar bonos, recapitalizar bancos y dar líneas de crédito preventivas a países con problemas. El objetivo es frenar el contagio de la crisis a España e Italia.

Tras los votos positivos de los parlamentos de Finlandia, Alemania o Austria, sólo quedan tres países pendientes de ratificar: Malta y Países Bajos, que no plantean problemas, y Eslovaquia, cuyo Gobierno no parece contar con mayoría suficiente y que todavía no ha fijado fecha.

No se espera que el Eurogrupo discuta formalmente la propuesta de la Comisión para reforzar todavía más el fondo de rescate recurriendo al endeudamiento, tal y como ha sugerido Estados Unidos. Tanto Alemania como Francia quieren esperar a que concluya la ratificación antes de lanzar un nuevo debate, aunque aumenta el consenso entre los Estados miembros sobre la necesidad de que el fondo sea más potente.

Los países de la eurozona revisarán además el acuerdo sobre el segundo rescate de 109.000 millones de euros para Grecia. Todavía está pendiente de resolver el aval que exige Finlandia a cambio de su contribución a este segundo paquete de ayuda financiera. Y algunos países, liderados por Alemania y Países Bajos, quieren revisar los términos del pacto para que los bancos asuman una quita superior al 21% que se decidió en julio, aunque otros como Francia se niegan.

ESTÍMULO LIMITADO

La reunión proseguirá el martes con la incorporación del resto de ministros de Economía de la UE. El principal punto en el orden del día es una discusión sobre si la UE puede poner en marcha un plan de estímulo limitado, a cargo de países como Alemania, Suecia o Finlandia, para impulsar el crecimiento y evitar que los ajustes puestos en marcha para frenar la crisis de deuda ahoguen la recuperación.

Se trata de revisar el acuerdo adoptado por los 27 en 2009, según el cual todos los Estados miembros debían retirar las medidas de estímulo adoptadas al principio de la crisis como muy tarde en 2011. La UE cede así a la presión de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que han advertido de que el exceso de austeridad está contribuyendo a ralentizar la recuperación.

El debate se realiza a propuesta de la Comisión. Su presidente, José Manuel Durao Barroso dijo la semana pasada ante la Eurocámara que "no tenemos mucho margen para un nuevo estímulo presupuestario, pero esto no significa que no podamos hacer más para promover el crecimiento".

En este sentido, el Ecofin reiterará que los países que han sido rescatados (Grecia, Portugal e Irlanda) y los que han requerido ayuda del BCE (Italia y España) tienen que aplicar los ajustes exigidos para cumplir los objetivos de reducción del déficit y no tienen ningún margen de maniobra para medidas de estímulo.

El resto de países expedientados por déficit excesivo, entre ellos Francia también deben seguir la senda de austeridad. Sólo países como Alemania o Países Bajos o como Suecia, Finlandia o Luxemburgo disponen de cierto margen presupuestario y sus socios les presionarán, especialmente a Berlín, para que lo exploten, según fuentes diplomáticas.

Sin embargo, no se espera que en la reunión se pacte un estímulo potente. De hecho, la UE espera que esta cuestión vuelva a debatirse en la cumbre del G-20 que se celebra en Cannes el 2 y 3 de noviembre. Allí pedirá a los países emergentes que apliquen medidas de estímulo para impulsar el crecimiento de la economía mundial, según las fuentes consultadas.

Los ministros de Economía de la UE discutirán también la situación de la banca comunitaria. Pero aunque en la reciente reunión informal en la ciudad polaca de Wroclaw constataron que sería conveniente que las entidades se recapitalizaran para resistir mejor a la crisis de deuda, no se espera que de momento se anuncien nuevas medidas en este sentido.

Finalmente, los Veintisiete tratarán de aprobar una nueva norma para reforzar los controles sobre los derivados financieros, a los que la UE responsabiliza de la crisis financiera. Sin embargo, el compromiso es poco probable porque Reino Unido, donde se realiza la mitad de operaciones con este tipo de instrumentos, se opone a ceder poderes a la UE a la hora de vigilar estas operaciones y exige que la supervisión siga siendo estrictamente nacional.