El expresidente de Pescanova y su hermano ven improbable poder hacer frente al pago de la fianza

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández Sousa-Faro y su hermano Fernando Fernández Sousa-Faro consideran improbable poder hacer frente al pago de la fianza solidaria de 158,53 millones, por lo que han decidido proceder a elaborar el listado de sus bienes ante el eventual embargo por parte del juez Pablo Ruz, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional había citado este martes a los imputados por el caso Pescanova para recibir el requerimiento del pago de la fianza solidaria impuesta de 158,53 millones de euros.

De esta forma, los imputados tienen ahora un plazo de diez días para depositar el importe de la fianza solidaria, con la que se trata de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, o declararse insolventes, momento a partir el cual el juez podría proceder al embargo de los bienes.

Junto con el expresidente de Pescanova y su hermano han acudido a la Audiencia Nacional a recibir el requerimiento del pago de la fianza solidaria otros tres imputados: Alfonso Paz-Andrade, Carlos Turci y Antonio Táboas, que se han pronunciado en el mismo sentido que los hermanos Fernández Sousa-Faro.

El resto de imputados han recibido la comunicación a través de los juzgados de Vigo, donde se les ha notificado el requerimiento de la Audiencia Nacional.

Dicha fianza tendrá que ser asumida, según el auto del pasado 27 de enero, por Manuel Fernández Sousa-Faro, Alfonso Paz-Andrade, Fernando Fernández Sousa, Robert Albert Williams, Antonio Táboas, Joaquín Viña, Alfredo López e ICS Holding Limited. A ellos se suman Carlos Turci, Alfonso García Calvo y Angel González Domínguez.

A finales de octubre, la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por el expresidente de Pescanova contra la fianza solidaria de 158,53 millones de euros impuesta el pasado mes de enero.

En el auto de la Sala de lo Penal sección Tercera de la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso Europa Press, el juez reconoce que "si bien es cierto que el perjuicio total causado puede llegar a variar" no sólo en la fase de instrucción, sino en las posteriores, dada la complejidad de la causa, la imposición de la fianza "en absoluto puede calificarse de prematura".

Asimismo, la resolución subraya que la alegación presentada por el expresidente de Pescanova debe ser rechazada, ya que "la inconcreción del número de imputados, en nada impide la fijación de la cuantía de la fianza, sin perjuicio de que a lo largo de la investigación se vaya adaptando".