El coste financiero de los avales otorgados por empresas públicas se duplicó entre 2013 y 2014

Así lo advierte el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014.

En su fiscalización, este órgano lamenta el "escaso seguimiento y control de riesgos" de las empresas públicas a la hora de otorgar avales, garantías y otros compromisos, por lo que señala que estas entidades "deberían disponer de normas escritas" que regulen estos procesos, con "mecanismos y procedimientos concretos para la valoración de los riesgos asumidos".

Según advierte el Tribunal en sus conclusiones, "en general las entidades del sector público empresarial estatal carecen de normas escritas" relativas al otorgamiento y emisión de las garantías por obligaciones de terceros y al posterior control, seguimiento y valoración de los riesgos derivados de las garantías.

Así, advierte que sólo existen normas sobre el proceso de autorización en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), aunque estas "no tienen referencia alguna al control ni a la valoración de los riesgos derivados". Si bien señala que las entidades justifican la ausencia de normas en que estas operaciones son poco habituales, el Tribunal considera que esto "no es asumible en aquellas en que se concentra la mayor parte de las operaciones".

El Tribunal también señala que "sería aconsejable" que existiera "un procedimiento de autorización previa por parte del Gobierno o los ministerios de tutela" de estas operaciones de formalización de garantías, ya sea mediante 'comfort letters' o asumir la condición de garante o fiador de las operaciones.

MENOS RIESGO EN AVALES Y DEPÓSITOS, MÁS EN 'COMFORT LETTERS'

En total, el Tribunal de Cuentas ha analizado los avales y garantías otorgados por 198 entidades, siendo 162 las que seguían formando parte del sector público al finalizar el período fiscalizado. Durante el mismo, el Tribunal detecta un descenso del importe total de avales financieros vivos --1.084 millones de euros frente a 950 millones--, de depósitos en garantía --de 53 a 47 millones-- y de pólizas de financiación firmadas por empresas filiales --de 62 millones de euros de riesgo calculado en 2012 a 53 millones en 2014.

Por el contrario, las garantías por obligaciones a terceros a través de 'comfort letters' se incrementaron durante este período. Así, el riesgo calculado en 'comfort letters' fuertes --con un mayor compromiso, similares a un contrato de garantía o aval-- se incrementaron de 620 millones de euros a 754 millones, y las débiles --cartas de presentación o manifestaciones de confianza-- pasaron de un riesgo calculado de 594 millones de euros a 653 millones.

Como consecuencia de las primeras garantías, otorgadas para garantizar obligaciones de terceros --normalmente sociedades vinculadas o dependientes--, el Tribunal señala que cinco de las once entidades que formalizaron 'comfort letters' fuertes debieron dar préstamos participativos a sus filiales por un total de 107 millones de euros, cifra a la que se suman otros 448 millones asumidos explícitamente desde 2015. Asimismo, otra entidad debió asumir en 2013 un millón de euros por acabar su filial en concurso de acreedores.

MÁS INFORMACIÓN EN LAS MEMORIAS ANUALES

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas cree necesario que las empresas incluyan la información de estas 'comfort letters' en las memorias de sus cuentas anuales, identificando las empresas beneficiarias y su relación con éstas, así como detalles de la operación y de los riesgos asumidos.

A pesar de que reconoce que la mayoría de entidades incluyen esta información, advierte que "en las entidades con mayor volumen de operaciones no se establece una adecuada clasificación de las garantías otorgadas", y que en las memorias de seis entidades fiscalizadas no se informa de la estas garantías.

Por ello, considera "recomendable" que se incluya esta información, señalando "como mínimo" datos sobre la garantía otorgada, la fecha de concesión, su beneficiario, el importe total de la operación garantizada, el saldo del riesgo asumido e información completa sobre cualquier circunstancia conocida que pueda afectar al riesgo.