Los ganaderos exigen al Gobierno negociar "en pie de igualdad" el precio de la leche

El secretario general de Unións Agrarias-UPA, Roberto García, y la miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG Rosario Arredondo se han reunido este jueves con la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el responsable de Agricultura del Grupo, Alejandro Alonso, durante más de una hora.

Los representantes agrarios han dado cuenta a los socialistas de la "situación dramática" que atraviesan las 22.000 explotaciones lácteas que hay en el país, y que pone en riesgo a "todo el tejido económico de inmensas zonas que viven en torno a la ganadería de leche" en regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León.

NADA QUE VER CON LA CRISIS

Según García, esta situación "no tiene nada que ver con la crisis económica" ya que no se deriva de una caída del consumo como ha ocurrido en otros sectores, sino de los bajos precios que se están fijando para el litro de leche, que apenas llegan a los 28 céntimos de media cuando el coste de producción supera los 35 céntimos por litro.

"Los productores españoles sólo cubren el 75% del consumo nacional, pero estamos a precios sensiblemente inferiores al resto de Europa por la utilización de la leche por la distribución como elemento reclamo y por la venta a pérdidas en la lucha por atraerse clientes", explica García.

De hecho, el Tribunal de la Defensa de la Competencia "constata" estas "prácticas irregulares", prohibidas por la legislación, por lo que el hecho de que "el Gobierno no ha hecho nada en los últimos meses" le convierte en "cómplice" de un "delito continuado de venta a pérdidas".

POSIBLES SOLUCIONES

Así, al margen de los paquetes legislativos anunciados por el Ministerio de Agricultura, UPA reclama la apertura de mesas de negociación entre productores, industria, distribuidores y Gobierno para pactar un "precio de mercado" que entre en vigor ya en las facturas de la leche de septiembre, y que recoja un incremento de "cinco o seis céntimos" sobre lo que se paga actualmente para equipararse con otros países europeos.

"Si no se quiere ir a una negociación política por miedo a enfrentare a la distribución, lo normal sería tener una fórmula ágil para resolver la falta de acuerdo entre el que compra y el que vende", es decir, un mediador, "porque ni la leche se puede guardar indefinidamente" ni "se puede obligar a los ganaderos a cometer un delito ecológico y tirarla porque la industria no la recoge". De hecho, según García éste es el sistema que funciona en Francia.

En cualquier caso, la solución a largo plazo iría en línea con lo regulador por la UE de constituir Organizaciones Productoras de Leche (OPL), inexistentes aún en España pero que daría más fuerza a los productores para negociar los precios, algo legalizado desde la aprobación del Paquete Lácteo Europeo.

CONTRATOS OBLIGATORIOS

"Si no se contempla ninguna de estas posibilidades, podríamos acusar al Gobierno de ser cómplice añadido de la distribución y la industria para que puedan seguir metiendo la mano en el bolsillo de los ganaderos", ha añadido el secretario general de Unións Agraria, alertando de que "más del 80% de las explotaciones podrían acabar en suspensión de pagos" de mantenerse los actuales precios.

Además, los ganaderos también piden una moratoria de la entrada en vigor de los contratos obligatorios que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este jueves y que se aplicarán a partir del día 3 de octubre, lo que "puede suponer una nueva arma en manos de la industria para perpetuar la situación de compra ilegal a precios por debajo de mercado para todo un año".

"No puede aplicarse este contrato sin resolver previamente la negociación del precio, no podemos firmar un contrato a un año sin conocer el precio, cuando a día de hoy no sabemos a cuánto nos van a pagar la leche de septiembre. Queremos una moratoria para que el Gobierno resuelva previamente las condiciones económicas", ha insistido García.

Arredondo, que además de pertenecer a COAG es ganadera, también ha coincidido con esta petición, recordando que se están pagando "precios abusivos por los cereales y alimentación", lo que hace necesario "solucionar el problema de los precios". "La industria tiene mucha prisa en hacernos los contratos para perpetuar el precio tan bajo actual, con cláusulas abusivas que se han inventado y (con la amenaza de que) o lo firmamos o dejan de recogernos la leche", ha explicado.

Además, ha reclamado que se mantengan las cuotas de producción fijadas desde Bruselas, porque si no países de "gran capacidad de producción" como Alemania o Francia podrían inundar el mercado español y hacer desaparecer la producción autóctona. De hecho, según Arredondo, esto ya está sucediendo con grandes cadenas internacionales que venden aquí a la mitad de precio que en sus países de origen.

"Lo hacen porque así, el día que acaben con los ganaderos españoles, traerán la leche (al precio) que ellos quieran: un euro, dos euros...", ha dicho, advirtiendo de que entonces serán los consumidores quienes vena la diferencia entre tener producción nacional de un producto básico o tener que importarlo. De hecho, según sus datos, en las últimas dos décadas el número de ganaderos ya ha pasado de 145.000 a 22.000 y, desde mayo, hay 240 explotaciones menos.

HACEN FALTA MEDIDAS "URGENTES"

Por su parte, el socialista Alejandro Alonso ha lamentado que el sector se esté "arruinando" y que el Gobierno "no adopte ninguna medida trascendente para resolver el problema" sino que se limite a "desviar la atención".

"El ministro Miguel Arias Cañete dijo ayer que en Bruselas le han dicho que éste es un problema español, por lo que si viene alguna ayuda europea será dentro de muchos meses, cuando a lo mejor ya no encontremos ganaderos", ha avisado, coincidiendo en que los nuevos contratos obligatorios pueden ser "una trampa mortal para los ganaderos" al obligárseles a firmar "precios de ruina".

Por eso, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo "fijar un procedimiento para que en esos contratos obligatorios para la compra-venta de leche se referencien los precios en un mínimo" que equipare los costes de producción y "no el precio que quieran la industria". "La situación es gravísima, y es necesario la adopción de medidas urgentes estatales", ha zanjado el diputado.