Los gobiernos central y vasco cierran un acuerdo sobre el Cupo por el que se devolverán 1.400 millones a Euskadi

Los gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo que resuelve sus discrepancias en torno al cálculo del Cupo entre los años 2007-2016, de forma que el Ejecutivo español devolverá al vasco 1.400 millones de euros. Además, se ha establecido un Cupo provisional para 2017 de 956 millones que será el base del próximo quinquenio.

El pacto, firmado en Madrid por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, cierra "diez años de incertidumbre financiera" entre ambos gobiernos, según ha destacado el consejero vasco.

Entre los aspectos clave del acuerdo sobre el Cupo -la suma que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas-, se encuentra la fijación de la cuantía a devolver por parte del Estado derivada de las discrepancias en el cálculo del Cupo entre los años 2007-2016 y las políticas activas de empleo. El importe de dicha cuantía se ha fijado en 1.400 millones de euros.

Además, se ha fijado un Cupo Provisional para 2017 de 1.300 millones de euros, que tras descontar los 344 millones de políticas activas de empleo, se quedará en 956 millones a pagar.

El texto acordado entre ambos gobiernos será aprobado en una Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar en la segunda quincena de mayo. El Gobierno Vasco ha destacado que el acuerdo supone entrar en "un periodo de estabilidad financiera" tras "normalizar y regularizar" las relaciones entre ambos ejecutivos, según ha explicado Azpiazu en una rueda de prensa en Vitoria.

El acuerdo contempla una "homogeneización" del denominado 'Cupo Líquido' y del índice de actualización del año base 2007. De esa forma, se fijan unos cupos Líquidos y compensaciones financieras definitivas para los ejercicios 2007-2015, y unas compensaciones provisionales para 2016.

La liquidación arroja un saldo de 1.248 millones de euros a favor de Euskadi. El pacto contempla la valoración definitiva del periodo 2011-2015 y la valoración provisional de 2016 del coste de las políticas activas de empleo. La liquidación arroja un saldo de 152 millones de euros.