Quince millones de hipotecados españoles pendientes del Tribunal Supremo

Quince millones de hipotecados están pendientes de lo que dictamine el Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, en la contratación de un crédito hipotecario (conocido coloquialmente como el impuesto de las hipotecas). Son datos del sindicato de técnicos de Hacienda (GETSHA), que además dice que en juego hay más de 25.000 millones de euros. Tres sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del TS han dictaminado que es el banco quien debe abonarlo, pero hay una anterior que dicta justo lo contrario. Así que ahora el pleno de esta sala, integrada por 31 magistrados, va a decidir con qué doctrina se queda. Si pagan los usuarios, como ocurre desde hace 23 años, o lo hacen las entidades financieras. Otro asunto importante es si la decisión tiene o no carácter retroactivo y, si tiene, desde cuándo.