La huelga de los examinadores de tráfico: Más de 5.000 alumnos sin examinar por un paro anunciado
Este lunes entre el 88 y el 90% de los funcionarios de este colectivo han salido a la calle para "dar un toque de atención a la administración y que solucione el problema. A nadie le gusta hacer paros en Navidad y fastidiar a la gente, pero este es un colectivo muy luchador y ya lo demostramos en 2017", nos asegura el portavoz del CSIF, uno de los convocantes de la huelga de este lunes que ya avanza por el Paseo de la Castellana.
La huelga que realizaron los examinadores el pasado año provocó la cancelación de más de 200.000 exámenes para obtener el carné de conducir, además de pérdidas económicas por un coste superior a los 100 millones de euros en el sector de las autoescuelas. Este lunes, las cuentas pueden ser igual de caras.
"Los examinadores de tráfico realizan una media de 13 exámenes", por lo que en una jornada como hoy unos 5.000 personas se ven afectados por el paro, confirman desde CSIF, que subrayan que "la pérdidas son considerables, no solo porque las escuelas dejan de dar clases, sino porque Tráfico deja de cobrar un montón de tasas, imagina que hoy se quedaron sin examinar 5.000 y cada examen cuesta 90 euros. Es mucho dinero".
Para los examinadores no solo es una cuestión económica, sino que reivindican la incorporación de más funcionarios, porque esto es un "servicio público" y "para dar un servicio de forma óptima se necesitarían unos 150 examinadores más de los que tenemos", es decir unos 880 frente a los 730 que hay en toda España. "el negocio se resiente, porque hay zonas en España, donde las autoescuelas tienen a sus alumnos a veces hasta un mes a la espera de examinarse".
La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) y CSIF se quejan de que el incremento retributivo que pedían -de unos 250 euros al mes, el denominado 'complemento específico'- no está todavía reflejado en sus nóminas y además piden que se les remunere "los atrasos", a pesar de que lo recogen los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tras el acuerdo aprobado por todos los partidos, excepto el PP, en noviembre del año pasado.