La inversión de tiempo y recursos que implica el pago de impuestos cuesta hasta 4.000 euros a una pyme

Cada empresa dedica en España unas 150 horas anuales al pago de impuestos, labor que tienen que afrontar ocho veces al año y que le cuesta a cada compañía el 35% de sus beneficios comerciales, según una encuesta realizada por Excerial entre sus más de 1.500 clientes.

Del estudio se desprende que la inversión de tiempo y recursos que implica el pago de impuestos para las empresas se traduce entre 3.000 y 4.000 euros al año para una pyme, dependiendo de su tamaño, y unos 2.000 euros para un autónomo.

En concreto, las compañías se ven obligadas a cumplir, por un lado, trámites de tipo horizontal (asuntos fiscales, laborales, medio ambiente, propiedad industrial, entre otros), a los que se suman gestiones sectoriales según el ramo en donde operen.

Según el portavoz de Excerial, Miguel Ángel Ferrer Garcerán, muchas empresas están tratando de ahorrarse gastos en asesoramiento, pero al final se dan cuenta de que asumir estas tareas por sí solas les resulta bastante más costoso. "Además, en muchos casos, acaban sufriendo importantes multas porque no han resuelto bien las tasas e impuestos", recuerda.

En cuanto a la Administración electrónica, el 70% de los encuestados opina que la posibilidad de realizar gestiones online ha simplificado la burocracia, pero el 80% de ellos manifiesta tener problemas operativos cotidianos tanto con los procedimientos como con fallos tecnológicos de la Administración

De esta forma, las obligaciones contables y el incremento de tasas estatales, autonómicas y locales se han convertido en uno de los principales problemas para las empresas españolas junto a la falta de financiación y el desplome de las ventas.

De hecho, para el 60% de las empresas, las obligaciones contables complican su actividad más que otras cosas, mientras que para el 51% el mayor problema son las tasas municipales y para el 46% la legislación laboral, a pesar de la reciente reforma.

"A esto hay que añadir la duplicidad de normas entre las tres administraciones y la diferente legislación autonómica, lo que convierte a nuestro país en un lugar en donde es difícil operar para los empresarios españoles y para los inversores extranjeros", explica Garcerán.