Los parados deberán sustituir a trabajadores en formación

Sin embargo, estos parados seguirán cobrando el paro y sólo recibirán de la empresa la diferencia entre la prestación y la retribución que le corresponda, según denuncian fuentes sindicales tras las primeras reuniones técnicas con el Ministerio de Empleo.

Hasta ahora, la Ley permitía que, con carácter voluntario, estos parados pudieran sustituir a trabajadores en formación en empresas de menos de 100 trabajadores. La nueva norma convierte esta posibilidad en obligatoria y elimina el límite de tamaño de la empresa.

Ésta es sólo una de las medidas que incluye la reforma laboral que los sindicatos quieren modificar durante el trámite parlamentario, tras un detenido análisis de sus servicios jurídicos, instancia que ha detectado además elementos de inconstitucionalidad de la norma.

Hay principios de inconstitucionalidad

Desde CC.OO. se han remarcado varios bloques en los que se pueden observar estos problemas, y que se podrán en común con UGT. Si bien, reconocen que los recursos de inconstitucionalidad pueden demorarse hasta cinco años para tener una sentencia firme.

Desde un punto de vista formal, argumentan que el decreto, en tanto no tendrá efectos inmediatos, tal y cómo han admitido desde el Gobierno, no cumple con los requisitos de urgencia que exige la ley para su tramitación por esta vía.

Además, indican que el decreto "reproduce" la supresión de los salarios de tramitación que fue declarada inconstitucional en el 'decretazo' de 2002. Entonces se condenó al Gobierno a indemnizar a todos los trabajadores a los que se privó de tales salarios desde la entrada en vigor de aquella reforma laboral.

Asimismo, denuncian que "se toca de manera brutal" el desarrollo de las relaciones laborales al facilitar la inaplicación de los convenios colectivos y que la reforma "estimula" el despido improcedente al rebajar de 45 a 33 días la indemnización este tipo de extinciones de contrato.

CC.OO. denuncia también que el Gobierno se "extralimita", puesto que la norma afecta a derechos fundamentales como el de negociación colectiva, al establecer la primacía del convenio de empresa, o el derecho al trabajo en su dimensión de empleo estable.

Por otro lado, el sindicato denuncia una "vanalización" de las causas del despido y la creación así de un "espacio de soberanía empresarial", y reprocha que se permita a las administraciones despedir a empleados públicos por cuestiones económicas que pueden derivar de "un error de gestión presupuestaria".

Otro bloque de posible inconstitucionalidad aborda "cuestiones de fondo". En éste ámbito incluyen el arbitraje obligatorio en los conflictos de renovación de un convenio colectivo, que no puede ser impuesto por una Administración, según CC.OO.

Modificar el núcleo duro

Por su parte, a raíz de las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso de los Diputados, el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, le ha reprochado que no haya abierto una mesa de negociación después de haber recibido la petición expresa por carta de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Pese a todo, le ha instado a que explique "hacia dónde se dirige el cambio" que pretende conseguir la reforma laboral, y, antes, ha dicho que parece derivar hacia un "autoritarismo y fundamentalismo" en el mercado laboral.

Sin embargo, ha confiado en poder introducir cambios "en el núcleo duro" de la reforma laboral durante el trámite parlamentario. Para empezar, plantearán que las cuestiones relativas a la negociación colectiva se mantengan en los términos acordados bilateralmente entre patronal y sindicatos, y volverán a presentar como alternativa la Iniciativa Legislativa Popolur (ILP) tramitada con motivo de la reforma laboral de 2010.

Los sindicatos han mantenido hasta la fecha dos reuniones técnicas con el Gobierno y sendos encuentros con PSOE, CiU, IU. Mañana será el turno del Grupo Popular.

"Vamos a seguir apostando por la negociación, y que haya más conflictividad es algo que va a determinar el presidente del Gobierno y no los sindicatos", apostilló.