La ley que permite privatizar la gestión del CESCE entrará en vigor dentro de tres meses

Sin embargo, el régimen presupuestario, económico-financiero y contable previsto en la ley entrará en vigor en el momento en que se constituya el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, una vez que se disponga de los correspondientes presupuestos de explotación y de capital aprobados por norma con rango de ley con los efectos que en la misma se establezca, manteniéndose hasta entonces el régimen vigente.

Entre las principales novedades de la norma se encuentra la creación de la figura del agente gestor, la entidad designada por el Estado para gestionar en su nombre determinados riesgos de la internacionalización. Además, se aplica un principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado no podrá cubrir los riesgos definidos como negociables, aquellos que pueden ser cubiertos por la iniciativa privada.

La Ley contempla un plazo de siete años, ampliable a otros tres, durante los que CESCE actuará como agente gestor, para asegurar la estabilidad del sistema de cobertura. Tras ese periodo se seleccionará al agente que asegure la maximización de la eficacia en la gestión de la cuenta del Estado, con las restricciones que el control público del sistema de apoyo oficial a la internacionalización exige.

Además, para garantizar el control de esta gestión, se creará la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, que será un órgano colegiado interministerial presidido por el secretario de Estado de Comercio, a través del que la Administración instruirá al Agente Gestor.

Finalmente, se pondrá en marcha un Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización de titularidad estatal para facilitar la gestión de los recursos destinados a esta materia. Si bien, la gestión de la cuenta tendrá, en principio, el mismo impacto presupuestario, esté el gestor en manos privadas o públicas.

UNA NORMA NECESARIA PARA GARANTIZAR LAS EXPORTACIONES.

Según el Ejecutivo, el objetivo es lograr una mayor eficacia en las políticas de internacionalización de la economía española, contribuir a la política de consolidación fiscal y racionalización del sector público y adaptarse a las normas que rigen en la mayoría de los países del Consenso OCDE.

Para el Gobierno, la nueva normativa es "un instrumento esencial, sobre todo en un momento de gran dinamismo de las exportaciones que no sólo es coyuntural, sino también estructural a medio plazo".

Concretamente, el Ejecutivo considera que con esta norma se complementa la financiación privada en estos momento de insuficiencia de recursos para financiar las operaciones de comercio e inversiones.