La plantilla de Yamaha agradece a Sebastián su apoyo para mantener la planta

La misiva, a la que ha tenido acceso Efe, apunta que el comité de empresa "quiere agradecer y reconocer el esfuerzo y el apoyo que desde el Ministerio de Industria se ha proporcionado en la dura lucha legal" para mantener los 388 puestos de trabajo de la planta catalana.

El documento califica la voluntad de Yamaha de cerrar la planta de "proceso suicida y sin sentido de la compañía" y, después de elogiar la tarea ministerial, reclama la supervisión del ejecutivo catalán en este proceso.

En concreto, el comité de empresa espera "la tutela de este proceso por parte de la Generalitat de Cataluña" y añade: "A nuestro entender ya sólo puede posicionarse al lado de los trabajadores".

Yamaha retiró el pasado 29 de abril el ERE de extinción presentado ante la Generalitat para cerrar su planta catalana, aunque mostró su intención de trasladar su producción fuera de Cataluña.

Con ello, la multinacional japonesa persistió en su voluntad de continuar con sus planes de cierre de la planta, pese a la retirada del ERE, para lo que aseguró que buscaría un nuevo "calendario de implementación".

En este sentido, la carta remitida por el comité de empresa al Ministerio puntualiza: "Seguiremos sin descanso la búsqueda del futuro industrial de una planta reconocida estatal e internacionalmente por su saber hacer".

El ERE que Yamaha había presentado ante el Departamento de Empresa y Empleo el pasado 2 de marzo contemplaba el traslado de la producción de Barcelona a la planta de la compañía de Saint Quentin (Francia) y el fin, en consecuencia, de su actividad en Cataluña.

Los empleados siempre han defendido que no existen razones económicas ni organizativas objetivas que justifiquen el ERE en la planta de Barcelona, dado que los resultados económicos de la fábrica catalana son mejores que los de la francesa, y su capacidad técnica es la misma.

El anuncio del cierre de este fabricante de motocicletas fue acogido con mucha preocupación por todo el sector de la automoción, ya que, según los sindicatos, pondría en peligro unos 26.000 empleos del sector en España, de los que entre 5.000 y 6.000 están en Cataluña.