El vacío legal de plusvalías genera incertidumbre en ayuntamientos y dispara las consultas, según Legálitas

El observatorio jurídico de la compañía de asesoría jurídica ha constatado que las consultas sobre plusvalías se quintuplicaron en 2017 respecto del año anterior y, dentro de ese año, el segundo semestre duplicó al primero, a raíz de la publicación en mayo de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales y nulos de pleno derecho varios artículos de Ley de Haciendas Locales, en relación al impuesto de plusvalía.

Legálitas recuerda que este impuesto grava el incremento de valor que experimentan los inmuebles y se devenga en el momento de su transmisión. Sin embargo, señala que, en la práctica, la fórmula que utilizan los ayuntamientos para calcular el importe del impuesto supone que salga siempre a pagar por parte del contribuyente, incluso cuando no haya habido ningún incremento de valor, y se haya vendido con pérdidas.

La sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 declaró inconstitucionales varios artículos de la ley, al considerar que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, como son los casos en los que un inmueble se ha transmitido por debajo del precio de compra, y estableció que la Ley de Haciendas Locales debía ser modificada, pero no se ha cambiado y solo existe una propuesta presentada en marzo de 2018 que deberá seguir sus trámites antes de su aprobación.

DESCONCIERTO EN LOS AYUNTAMIENTOS

Así, Legálitas advierte de que se está produciendo una "realidad inaudita", puesto que los ayuntamientos no saben cómo actuar ante los miles de reclamaciones que les están llegando por parte de los contribuyentes, que "no están siendo contestadas en la mayor parte de los casos", motivo por el que Legálitas está presentando escritos de solicitud de resolución expresa.

En algunos casos, ante la insistencia de los contribuyentes y tras varios escritos presentados, se están recibiendo cartas firmadas por los propios alcaldes en las que se apela a la paciencia del contribuyente ante el vacío legal.

De este modo, indica que se pone de manifiesto que los ayuntamientos son conscientes de que existe esta sentencia "revolucionaria", junto con otras muchas de diversos tribunales superiores de Justicia en ese sentido, pero, a su vez, son conocedores de que la Ley de Haciendas Locales no se ha modificado y ante tal situación su postura es la de no resolver los recursos o escritos presentados.

Asimismo, Legálitas ha detectado cómo algunos ayuntamientos han optado por notificar al contribuyente la suspensión del procedimiento hasta que se produzca el cambio normativo, mientras que unos pocos, correspondientes a pequeñas poblaciones de menor tamaño, han optado directamente por desestimar las pretensiones de los contribuyentes, dejándoles en la tesitura de acudir a la vía judicial o bien no continuar con su reclamación.

CONTINUAR CON RECLAMACIONES Y CONSULTAR A ESPECIALISTA

De esta forma, Legálitas aconseja continuar con las reclamaciones y con los procedimientos que ya estén iniciados, aunque siempre teniendo en cuenta que, al no haber sido modificada la ley, se desconoce en qué términos y condiciones se va a aprobar.

En todo caso, cree que lo más aconsejable es ponerse en contacto con un especialista en derecho fiscal para que indique qué se debe hacer si se recibe cualquier documento por parte del ayuntamiento.

Asimismo, recomienda que no se tengan en cuenta determinados rumores que existen en cuanto a la normativa y su entrada en vigor o alcance de la misma, ya que hasta que no se apruebe y esté publicada, todo lo que se diga de ella son "meras especulaciones".