El ex presidente de Burberry España paga 31 millones a Hacienda tras admitir ocho delitos fiscales

En concreto, la sentencia recoge el pacto acordado, por el que Mora reconoce varios delitos fiscales contra la Hacienda Pública por el fraude en el IRPF en 2000, 2001 y 2004, así como fraudes en el Impuesto de Patrimonio (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) y una condena de dos años de prisión, que será sustituida por el pago de 72.000 euros, además de 12 millones de euros en multas y 19 millones de euros en indemnizaciones a Hacienda.

En 2010, Mora Olivella ya ingresó a Hacienda más de 27 millones de euros por la venta de la compañía en 2000, lo que fue la mayor regularización fiscal producida en España, según ha informado hoy 'El Confidencial', que ha explicado que la elevada tributación se debía a que el que fuera presidente de Burberry ya estaba imputado por delito fiscal por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras descubrir un paraíso fiscal en Jersey auspiciado por BBVA-Privanza, filial del banco español.

La sentencia también afecta a su ex esposa Carmen Uriach, a la que se hace responsable de seis delitos fiscales por fraude en el impuesto sobre el patrimonio y en el IRPF, por lo que se la condena a dos años de cárcel y el pago de 9 millones de euros.

La sentencia indica que tanto Eugenio Mora como Carmen Uriach obtuvieron unas importantes plusvalías como consecuencia de la venta de las acciones que poseía en las sociedades Burberry Spain y Mercader y Casadevall, operación que no soportó ninguna carga tributaria en España

fundamentalmente porque tenía declarada su residencia en el Reino Unido y, la segunda, porque en 1996, Eugenio Mora, junto con tres sociedades residentes en el Reino Unido y otra en Irlanda, que eran controladas por él, vendieron sus participaciones a cinco sociedades de Funchal, con idéntico domicilio a otras entidades facilitadas y empleadas por el bufete Pretus.

De esta forma, el tribunal ha señalado que se emplearon unas

"estructuras opacas" a la Hacienda Pública española con el objeto de ocultar las plusvalías por las que debería haber tributado en España.

"Todo este esquema de actuación fue diseñado por el bufete Pretus,

principalmente por Gabriel Pretus Labayen", indica la sentencia del Tribunal, que juzgaba también a algunos miembros del bufete de abogados por delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.