Casi 2.500 productos fueron notificados como potencialmente peligrosos

En concreto, 610 fueron generadas por las comunidades autónomas y 1.818 se recibieron de la Comisión Europea (CE), según ha informado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los productos más notificados, de manera global, han sido los juguetes (24,2 por ciento), como viene siendo habitual, seguido de la vestimenta y calzado infantil (19,4%), productos eléctricos (11%) y vehículos y accesorios (10,7%). En cuanto a riesgos, la categoría con mayor número de alertas ha sido la de 'cortes, heridas y lesiones' (15,6%), seguida de 'intoxicación' (17,2%) y 'asfixia' (15,82%).

Respecto al origen, la mayoría de estos productos proceden, como en años anteriores, de países asiáticos (61,9%). Los de origen comunitario notificados representan un 18,8 por ciento y los de origen desconocido un 11,7 por ciento.

Del total de las 1.818 notificaciones de la Comisión Europea, España ha sido el segundo país que ha incorporado más alertas al sistema (201), tan sólo por detrás de Bulgaria, con 209. De las 610 notificaciones generadas por comunidades autónomas, Galicia ha sido la que ha emitido más notificaciones (124), seguida de Madrid (114) y Cataluña (104).

El RAPEX o Red de Alerta de productos industriales es un sistema de intercambio rápido de información por vía electrónica que conecta a las autoridades encargadas del control del mercado para advertir sobre la presencia en el mismo de un producto que pueda suponer un riesgo para el consumidor y de las medidas que se han adoptado. Su objetivo es evitar que puedan llegar a los consumidores productos inseguros.

Mediante este sistema de comunicación, se produce una interconexión entre todas las autoridades competentes en materia de consumo: Comisión Europea, ámbito nacional, autonómico y local. El Instituto Nacional de Consumo es el punto de contacto de la Red en España, que está conectado a la Comisión Europea, a la que llegan las notificaciones procedentes de los puntos de contacto de los países miembros, y a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.