El Supremo estudiará quién y cómo se abonará el impuesto sobre las hipotecas a los afectados

De un lado las asociaciones de protección a los consumidores y las personas que firmaron hipotecas asumiendo todos los gastos de impuestos de formalización de la misma, así como el gravamen de inscripción pública. El Tribunal Supremo daba ayer un varapalo a las entidades bancarias achacando a estas el impuesto de actos jurídicos documentados por ser las interesadas en la operación.

Este viernes, tras la caída en bolsa de todo el sector bancario español y las advertencias de que el acceso a los préstamos hipotecarios se iban a endurecer hasta el límite, el Supremo ha acordado paralizar con carácter urgente todos los recursos planteados al respecto.

La banca tras una jornada negra en la que perdió en 24 horas casi 6.000 millones de euros. Sabadell perdió el 6,7%; Bankinter, el 6,27%; Bankia, el 5,11%; CaixaBank, el 4,54%; BBVA, el 2,7% y Santander, el 2,05%. Fuera del Ibex, Liberbank y Unicaja se desfondaron el 6,76% y el 5,35% respectivamente.

A este agujero negro del sector bancario español se refiere la marcha atrás del Supremo que este viernes argumentaba la "enorme repercusión económica y social" de su decisión.

Los expertos habían advertido las posibles consecuencias de la decisión sobre los futuros préstamos. Ricardo Gulias, CEO de tusolucionhipotecaria.com explicó que achacar a la banca este gravamen suponía una "verdadero golpe a en la línea de flotación de las personas que quieran comprar una vivienda y necesiten hipoteca."

El experto se refería a los gastos sobrevenidos por la decisión del Supremo que iban a traducirse en el encarecimiento de las condiciones para conseguir un préstamo.

"Si la banca se tiene que hacer cargo a partir de ahora del gasto del impuesto, se va a pensar mucho el dar operaciones hipotecarias, pues la rentabilidad del producto estará en negativa los primeros años, a no ser que busquen algún tipo de compensación o acuerdo con los clientes futuros y eso va repercutir directamente en el precio y en la concesión de préstamos."

Gulias advertía que "los más interesados en la inscripción del préstamo, somos los consumidores en general. Si las cargas no se inscriben (cosa que no pasará) perjudicaría a todo el sistema , porque generaría una inseguridad jurídica", algo que ahora el Tribunal Supremo ahora se vuelve a replantear.

El Tribunal Supremo convocará un Pleno formado por 31 miembros para confirmar o anular la sentencia que tanto revuelo ha provocado. Al mismo tiempo que deja sin efecto, por el momento, todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objetivo similar.