El rescate de Portugal depara al país tres años de ajustes y reformas

El memorando acordado por la Comisión Euriopea (CE), El Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con las autoridades lusas recoge una batería de medidas encaminadas a privatizar, recortar el gasto público y liberalizar el mercado laboral como contrapartida por los 78.000 millones de euros en que está valorado el rescate del país.

Además, Portugal regresó también hoy al mercado primario para lograr liquidez de forma inmediata y colocó 1.117 millones de euros de deuda a tres meses a un interés del 4,652 %, superior al 4,046 % de la última emisión de similares características.

En el mercado secundario, la penalización de la deuda lusa cayó a primera hora de forma sustancial después del anuncio del rescate, especialmente en los plazos más cortos, mientras que en la Bolsa de Lisboa se registró una significativa subida del sector bancario.

El acuerdo alcanzado entre la misión de Bruselas, el BCE y el FMI y Portugal tiene por objetivo fundamental reducir el déficit público luso a un tercio del actual en 2013 (hasta el 3 por ciento del PIB) e iniciar un conjunto de reformas estructurales que equiparen al país con el resto de Europa.

En el documento, de 34 páginas, se detallan las medidas que debe adoptar el país luso en los ámbitos de sanidad, educación, justicia, telecomunicaciones, administración pública, energía y transportes.

Entre éstas, destacan la reducción de las pensiones situadas por encima de 1.500 euros y su congelación -excepto las mínimas- en 2012 y 2013, el recorte de las transferencias a autoridades locales y regionales, así como el incremento de los ingresos fiscales a través de cambios en la estructura del IVA.

El rescate financiero abarcará además 12.000 millones de euros destinados a hacer frente "a eventuales necesidades de capitalización" de la banca lusa.

Respecto a la sanidad, la CE, el BCE y el FMI exhortan a Portugal a rebajar los costes operativos de los hospitales, fomentar el uso de genéricos, "racionalizar" los servicios de especialidades y de emergencia, así como cortar "sustancialmente" las deducciones fiscales para gastos relacionados con la salud.

En cuanto a la educación, se propone reducir 195 millones de euros en costes a través de una reestructuración de la red de colegios.

El memorando también incluye la reforma estructural del mercado laboral, y para ello se apuesta por reducir la duración máxima de la cobertura por desempleo a 18 meses y rebajar paulatinamente la ayuda a los trabajadores a partir de los seis meses sin empleo, un recorte que debe ser como mínimo del 10 por ciento.

Además, las indemnizaciones por despido a los trabajadores tanto indefinidos como temporales deben pasar a diez días por año y, al contrario de los que establece ahora la legislación, se permitirán los despidos cuando el trabajador no reúna las condiciones actuales que requiera su puesto o cuando no cumpla con los objetivos por razones atribuidas a su responsabilidad.

La "troika", como se conoce al equipo formado por la CE, el BCE y el FMI, insta asimismo a Lisboa a "acelerar su programa de privatizaciones", que incluye empresas como la aerolínea TAP, las firmas energéticas Galp, EDP y REN, o Correos, entre otras.

Estos detalles del plan de ajuste para el país luso se han dado a conocer en un ambiente de precampaña electoral por los comicios del próximo 5 de junio y han provocado el rechazo de los sindicatos y los partidos de la izquierda marxista lusa, que rechazaron la opinión del Gobierno de que éste es un "buen acuerdo", como dijo ayer el primer ministro José Sócrates.

De hecho, la principal central sindical portuguesa, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, de tendencia comunista), consideró las medidas económicas que exige la ayuda financiera de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) una amenaza para el futuro del país y los derechos sociales.