Los expertos subrayan que su informe sobre pensiones no es vinculante y que la decisión debe ser "política"

"El comité es de expertos que tratan de aplicar criterios de prudencia y sensatez, no de profetas", ha aseverado, antes de destacar el "éxito" que, a su juicio, ha supuesto el hecho de que el informe haya sido aprobado con un "amplísimo consenso".

Concretamente, ha contado con 10 votos a favor, uno en contra del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga y la abstención del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE José Luis Torturero.

Estos últimos han presentado sendos votos particulares al texto presentado, al que se ha unido un tercero del responsable del Gabinete Económico de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz, a pesar de que ha votado a favor, lo que ha despertado cierta polémica.

El rueda de prensa, García Díaz ha justificado este voto positivo al considerar que las fórmulas propuestas son "muy robustas técnicamente" y que el informe incluye una "advertencia clara y meridiana de los riesgos y retos que le esperan al sistema de pensiones, así como de que el diseño del factor de sostenibilidad queda en manos de la política".

Además, considera que su voto es "compatible" con el informe por cuanto estima que el factor debe aplicarse en 2019, fecha que se incluye en la horquilla propuesta por los expertos.

Por su parte, Santos M. Ruesga señala en su voto particular su "desacuerdo total" con el informe porque "no hay una necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones" y porque, a su juicio, la solvencia del sistema debe reposar sobre todo en una aportación creciente de los recursos públicos.

Finalmente, Torturo justifica su abstención en que las respuestas a los retos del sistema de pensiones deben darse en el marco de la reforma de las pensiones de 2011.