El juez impone 1,8 millones de euros de fianza para Ana Torroja

En la operación se investiga una supuesta trama de fraude fiscal, estafas inmobiliarias y posible blanqueo de dinero. La cantante está acusada de dos presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública. En concreto, Hacienda ha calculado una cuota presuntamente defraudada por Torroja de unos 475.000 euros en uno de los años y otra deuda de alrededor de 180.000 euros en el segundo ejercicio fiscal.La legislación penal prevé penas de prisión y multa para este tipo de delitos. La multa a pagar sería seis veces mayor que la cantidad defraudada, por lo que la fianza estaría dirigida a cubrir estas posibles condenas.

El juez que instruye el caso ha impuesto una cantidad similar al antiguo abogado de la cantante, Gabriel Feliu, también imputado en el caso. Ninguno de los dos acusados tendrá que hacer efectiva por el momento la fianza fijada por el magistrado.

El pasado día 18, Torroja se negó a declara ante el juez. A través de sus abogados, pidió la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pichazos telefónicos realizados en las investigaciones. No obstante, el juez rechazó el recurso de la cantante. La investigación judicial de la Operación Relámpago fue iniciada el 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.

Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.

Trama de corrupción fiscal