AI pide al Gobierno colombiano que tenga en cuenta los derechos de los indígenas en el dialogo de paz

El tema del acceso y uso de tierras ricas en recursos es una de las cuestiones más importantes que está tratando el Gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz en La Habana, Cuba.

"Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio", ha asegurado la directora del Programa Regional para América de AI, Erika Guevara Rosas.

30 AÑOS DE CONFLICTO

AI señala que el conflicto armado de Colombia ha obligado a desplazarse a más de 6 millones de personas desde 1985. Los grupos afectados son principalmente indígenas, afrodescendientes y campesinos, que tras años de amenazas y homicidios por parte de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los guerrilleros, decidieron abandonar sus tierras.

Durante los 30 años de conflicto, al menos 8 millones de hectáreas de tierra han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente, cifra que supone el 14 por ciento del territorio del país.

Muchas de las tierras tienen un gran potencial para la explotación económica, incluida la minería. El Gobierno ha estado otorgando licencias a empresas mineras y de otros sectores para explotar las tierras, sin haber informado previamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes y sin haber recibido su consentimiento.

Han sido muchas las personas que están intentando regresar y reclamar sus tierras pero aunque el Gobierno puso en marcha en 2012 un programa de restitución de estos territorios, continúan sin obtener resultados. Esto es debido al lento avance del proceso y a su deficiencia, a la falta de apoyo por parte de las autoridades y a las disposiciones legales introducidas por el Gobierno que favorecen a las empresas.

"Al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos", ha afirmado Rosas.

En septiembre de 2014, la comunidad indígena Alto Andágueda, que se había visto afectada por la concesión de títulos por parte de las autoridades colombianas a empresas multinacionales en más del 60 por ciento de su territorio, recibió la primera sentencia judicial favorable a la restitución de sus tierras. Sin embargo, el Gobierno no ha iniciado todavía muchas de las medidas ordenadas por los jueces.