AI alerta de que se siguen cometiendo abusos de DDHH y del riesgo de impunidad en Colombia

"A pesar del proceso de paz, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, actuando en solitario o en connivencia, así como las FARC y el ELN, siguen cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos", ha subrayado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en un comunicado publicado con motivo de la visita a España la próxima semana.

Según la organización, las principales víctimas de estos actos siguen siendo comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres y niñas, defensores y defensoras de los Derechos Humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y reclamantes de tierras.

Las conversaciones de paz formales entre el Gobierno y las FARC iniciadas en octubre de 2012 "han suscitado expectativas de que el conflicto armado pueda tocar a su fin después de que en los últimos 20 años hayan muerto más de 70.000 personas y otras 3,5 millones se hayan convertido en desplazadas internas", ha añadido.

Pese a la oportunidad que supone el proceso de paz para acabar con las hostilidades, Amnistía Internacional quiere alertar del "peligro que supone iniciar un camino hacia la paz sobre el suelo de la impunidad".

Además, en opinión de la ONG, "una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que todas las partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de Derechos Humanos y a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles".

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Amnistía se ha mostrado especialmente preocupada por los intentos del Gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia, un hecho que en opinión de la organización podría acrecentar la impunidad existente, ya que permitiría juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de Derechos Humanos en tribunales militares, en lugar de civiles.

Por otra parte, aunque considera un "paso positivo" la reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cree que el proceso de tierras ha defraudado a las comunidades expulsadas de sus hogares. "Las amenazas y homicidios de quienes defienden la restitución de las tierras, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación defectuosa, están impidiendo que se cumpla la promesa del Gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente", ha subrayado.

En este sentido, la ONG resalta que aunque el conflicto ha dejado casi seis millones de desplazados a fecha del 30 de junio pasado sólo se habían registrado cerca de 65.000 solicitudes de restitución, que afectaban a 43.922 personas. Además, de estas solicitudes, sólo 22.469 estaban en zonas que se podían incluir en el proceso de restitución.

"Con millones de personas desplazadas, y ocho millones de hectáreas abandonadas o expoliadas a sus legítimos propietarios, resolver el conflicto de las tierras es fundamental en el desarrollo del proceso de paz", ha subrayado Esteban Beltrán.

Por último, aunque es una buena noticia que Colombia ratificase en 2012 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es de lamentar que no reconociese la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para considerar casos individuales, negando de este modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para reclamar justicia, afirma la ONG, destacando que se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

RECOMENDACIONES A RAJOY

Así las cosas, ante la visita que inicia este domingo Santos a Madrid, Amnistía se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, para trasladarles este conjunto de preocupaciones.

La ONG ha dicho que confía en que tanto Rajoy como Margallo transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de Derechos Humanos en Colombia.

Entre otras cosas, les han pedido que reclamen a Santos que asegure que los programas de ayuda españoles no apoyen proyectos económicos agroindustriales u otros, situados en terrenos adquiridos ilegalmente mediante abusos y violaciones de los Derechos Humanos, así como informe a las empresas para que eviten invertir en áreas que puedan derivar beneficios a los autores de abusos y violaciones de los derechos fundamentales.