AI tilda de "desproporcionadas" las medidas aplicadas por Francia en el marco del estado de emergencia

En su informe, asegurad que desde la declaración del estado de excepción se han llevado a cabo más de 3.242 registros domiciliarios y se han impuesto más de 400 órdenes de asignación forzosa de un lugar de residencia.

La ONG ha entrevistado a 60 personas, la mayoría de las cuales han asegurado que las medidas se aplicaron sin apenas explicación y en ocasiones haciendo uso de un exceso de la fuerza.

"Aunque los gobiernos pueden hacer uso de medidas excepcionales en circunstancias excepcionales, deben hacerlo con cautela. La realidad que hemos visto en Francia es que los amplios poderes del ejecutivo, con pocos controles de su uso, han generado una serie de violaciones de derechos humanos", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de AI.

"Resulta difícil pensar en qué argumentos pueden esgrimir las autoridades francesas para afirmar que estas medidas son una respuesta proporcionada a las amenazas a las que se enfrentan", ha manifestado.

Así, muchos de los entrevistados han afirmado que no habían recibido prácticamente ninguna información que demostrara de qué manera estaban implicadas en algún tipo de amenaza a la seguridad, lo que se ha visto respaldado por los archivos de los servicios secretos presentados en los tribunales.

Uno de los entrevistados, Ivan, ha relatado que unos 40 policías registraron su restaurante en la periferia de París mientras había clientes en el lugar, actuando con "una dureza innecesaria".

"Dijeron a todo el mundo que pusiera las manos sobre la mesa, y luego lo registraron todo durante unos 35 minutos. Forzaron tres puertas. Les dije que tenía las llaves, podía haberles abierto esas puertas, pero me ignoraron", ha dicho.

"Lo que realmente me asombra es que, según la orden de registro, pensaban que en mi restaurante podían encontrar a personas que constituyeran una amenaza pública. Sin embargo, no comprobaron la identidad de ninguno de los 60 clientes que había allí", ha agregado.

IMPACTO FÍSICO Y PSICOLÓGICO

AI ha resaltado además que "las medidas de excepción han afectado profundamente a los Derechos Humanos de las personas que han sido sometidas a ellas", asegurando que algunos de los afectados han perdido su empleo y que la mayoría de ellos sufren como secuela estrés y ansiedad.

Un ejemplo es el caso de Issa y su esposa Samira, registrado el 4 de diciembre con el argumento de que era "un islamista radical" y, pese a no iniciar una investigación, los agentes copiaron los datos de su ordenador, le impusieron un toque de queda y le obligaron a presentarse tres veces al día en una comisaría.

Las personas entrevistadas han dicho que los registros domiciliarios provocaban miedo, tensión y otros problemas de salud. "Ya no duermo bien y, si alguien habla alto, me echo a temblar", ha manifestado Fahima, víctima de un registro nocturno.

La mayoría de las personas entrevistadas por AI han dicho que las actuales medidas de excepción se imponen de manera discriminatoria, y están dirigidas específicamente contra la población musulmana, a menudo a causa de sus creencias y sus prácticas religiosas, no sobre la base de pruebas concretas de conducta delictiva.

CIERRE DE MEZQUITAS

La ONG ha recordado que las autoridades han cerrado varias mezquitas después de los atentados de París. Una de ellas, en Lagny-sur-Marne, fue clausurada pese a que los informes policiales indicaban que "no se ha encontrado ningún elemento que justifique la apertura de una investigación".

"Si existen acusaciones contra una o dos personas, ¿por qué no van contra ellas específicamente? ¿Por qué atacan a una comunidad entera? En Lagny hay unos 350 musulmanes que se han quedado sin un lugar donde rezar", han lamentado el presidente de la mezquita y tres organizaciones disueltas por las autoridades.

AI ha recalcado además que las autoridades únicamente han abierto cuatro investigaciones criminales por delitos relacionados con el terrorismo, y a 21 en virtud de la vagamente definida disposición sobre "apología del terrorismo".

"Resulta demasiado fácil lanzar afirmaciones generales sobre una amenaza relacionada con el terrorismo que requiere la adopción de poderes de excepción", ha argumentando Dalhuisen.

"Sin embargo, el gobierno francés debe demostrar sin ambigüedades que aún existe un estado de excepción, y los parlamentarios deben examinar estas alegaciones detenidamente", ha agregado.

"Incluso aunque consideren que existe dicho estado de excepción, deben restaurarse unas salvaguardias significativas para impedir el uso abusivo, desproporcionado y discriminatorio de las medidas de excepción", ha remachado.