AI acusa a los huthis de detener de forma arbitraria y torturar a sus opositores

En su informe '¿Dónde está mi padre? Detenciones y desapariciones en el Yemen controlado por los huthis', AI analiza 60 casos de detenciones llevadas a cabo por los rebeldes en la capital, Saná, y en las localidades de Ibb, Taiz y Hodeidah entre diciembre de 2014 y marzo de 2016.

En el mismo, ha resaltado que estas acciones han sido llevadas a cabo contra figuras opositoras, activistas pro Derechos Humanos, periodistas y académicos, entre otras personas, muchas de las cuales han permanecido en régimen de aislamiento, han sufrido torturas y malos tratos.

"Las fuerzas huthis son responsables de una campaña deliberada y brutal, iniciada en diciembre de 2014, dirigida contra sus opositores políticos y otras personas críticas", ha denunciado el director adjunto de AI para Oriente Próximo y Norte de África, James Lynch.

"Cientos de personas han sido detenidas y recluidas sin cargos ni juicio, y en algunos casos han sido objeto de desaparición forzada en flagrante violación del derecho internacional", ha recalcado.

En este sentido, ha valorado que "la desaparición forzada es un crimen abominable y no puede justificarse en ninguna circunstancia", agregando que los huthis "deben poner en libertad a cualquier persona que haya sido detenida arbitrariamente, establecer salvaguardias para garantizar que los detenidos reciben un trato humano y dictar instrucciones claras de que cualquier persona bajo su mando que cometa abusos tendrá que rendir cuentas."

AI ha indicado que, en la gran mayoría de los casos, los detenidos no fueron informados sobre los motivos de su arresto, llegando a permanecer recluidos hasta 17 meses sin comparecer ante un tribunal o un juez.

La ONG ha recalcado que ninguno de los detenidos que figuran en el informe ha llegado a ser acusado formalmente ni ha podido impugnar la legalidad de su propio arresto.

Sin embargo, altos cargos de los rebeldes han argumentado, en declaraciones a la organización, que estas personas fueron detenidas "porque dieron coordenadas GPS a la coalición liderada por Arabia Saudí", que combate contra los huthis.

Por contra, AI ha sostenido que cuenta con documentos que apuntan a que la Fiscalía de Saná ordenó la liberación de decenas de activistas, periodistas y otras personas debido a que su detención carecía de base jurídica, si bien no ha tenido ningún efecto.

CENTROS IMPROVISADOS

En su informe, la organización ha apuntado además que muchos de los detenidos han estado recluidos en secreto en centros de detención improvisados, incluidas casas particulares, siendo trasladados en varias ocasiones durante su arresto.

Asimismo, resalta que el hostigamiento ha estado principalmente dirigido contra activistas, periodistas u otras personalidades afiliadas al partido suní Al Islah, que ha rechazado la toma de poder por parte de los huthis y respaldó las operaciones de la coalición internacional. Pese a ello, ha agregado que en algunos casos los detenidos no tenían una afiliación política conocida.

Entre los miembros de Al Islah perseguidos, arrestos o cuyas casas han sido asaltadas figura su líder, Mohamed Qahtan, quien se encuentra desaparecido desde abril de 2015, cuando fue sacado por la fuerza de su casa.

Los familiares de Qahtan sólo pudieron visitarle una vez, tres días después de su arresto, y desde ese momento está en paradero desconocido, por lo que se teme que haya sido asesinado.

"Privar de libertad a alguien al azar, sin base jurídica alguna para su detención, es una violación inadmisible de sus derechos", ha sostenido Lynch, quien ha recordado además las "consecuencias terribles para sus familiares".

"Pueden pasar meses intentando averiguar la suerte de sus seres queridos desaparecidos, o luchando por su liberación incluso cuando no se ha formulado una acusación contra ellos", ha remachado.

Por ello, AI ha reclamado a los participantes en las conversaciones de paz que tienen lugar en Yemen, así como a los actores internacionales que apoyan o facilitan el proceso, que garanticen que se dé prioridad a las personas detenidas arbitrariamente y sus familiares en las zonas controladas por los huthis.