Activistas hondureños denuncian reclutamiento militar forzado y amenazas

Las denuncias fueron hechas por Reina Rivera, directora del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH) y el sacerdote Ismael Moreno, de la Radio el Progreso y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Compañía de Jesús (ERIC).

Moreno afirmó que en comunidades rurales, especialmente en las zonas bananeras, el ejército ha emprendido una labor de reclutamiento forzado de jóvenes, incluso menores de edad, para "fortalecer sus bases".

"Tienen la necesidad de fortalecer las bases de las fuerzas armadas ante una posible sublevación de comandantes fieles al presidente (Manuel) Zelaya", derrocado el domingo, advirtió el sacerdote, quien explicó que "rumores" indican que existe una división "muy fuerte" a lo interno del ejército.

Explicó que tiene informes de que "la vieja guardia" de las fuerzas armadas está apoyando el golpe, mientras "en la nueva generación hay gente más educada que se está inclinando a las demandas de las democracias modernas".

El sacerdote Moreno aseguró que Radio Progreso, con sede en San Pedro Sula, está transmitiendo "en la clandestinidad", pues sus instalaciones fueron tomadas por el ejército el pasado domingo, horas después de que Zelaya fuera capturado y expulsado del país hacia Costa Rica por los militares.

Por su parte, Reina Rivera denunció que canales de televisión, emisoras de radio y las casas de diversos activistas sociales están vigiladas por el ejército.

También dijo que en las manifestaciones de los últimos días en favor de Zelaya han sido capturadas cerca de 200 personas que fueron golpeadas y después dejadas en libertad.

Además, manifestó que seis manifestantes, a los cuales no identificó, están siendo acusados y buscados por delitos de "sedición" y "rebelión", mientras funcionarios y alcaldes como el de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla, están "en la clandestinidad" porque son "perseguidos" debido a su afinidad con Zelaya.

La conferencia de prensa telefónica fue organizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuya sede mesoamericana se encuentra en San José, y en ella los activistas aseguraron temer por la seguridad de manifestantes, defensores de derechos humanos y funcionarios afines al depuesto presidente Zelaya.

También aseguraron que los grandes medios de comunicación hondureños "están alineados con los golpistas", pues sus dueños son "grandes empresarios" que "son parte del complot".

En el caso de que Zelaya sea encarcelado si regresa a Honduras, como lo ha advertido el nuevo presidente Roberto Micheletti, se presentaría un escenario "muy complejo", dijo Rivera, quien agregó que la posición de la comunidad internacional será "determinante" para solventar la situación.

El "golpe de Estado" en Honduras ha recibido la condena generalizada de la comunidad internacional y Zelaya anunció que regresará a Tegucigalpa este fin de semana, cuando se cumpla el plazo de 72 horas dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al Gobierno de Micheletti para que le restituyan en la jefatura del Estado.