Amnistía Internacional ve en el África Subsahariana un rayo de esperanza en la lucha contra la pena de muerte

La organización Amnistía Internacional ha destacado este jueves la situación de la pena de muerte en la región del África Subsahariana, que ha descrito como un rayo de esperanza en la lucha contra la pena capital tras analizar el estado de este tipo de condenas en su informe anual sobre la pena de muerte.

Guinea se ha convertido en el 20º Estado en abolir la pena de muerte, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva en casos de asesinato. Burkina Faso y Chad, por otra parte, han realizado significativos avances de cara a la abolición de la pena mediante la aprobación de leyes y proyectos al respecto.

"Los avances en el África Subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance", ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

"En lo que llevamos de 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca", ha manifestado Shetty antes de señalar que "ahora que 20 países del África Subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia".

Amnistía ha registrado en el último año un descenso del número de países del África Subsahariana que llevan a cabo ejecuciones. En 2016 eran cinco los países que llevaban a cabo esta práctica, mientras que en 2017 la cifra se redujo a dos: Somalia y Sudán del Sur.

Asimismo, la organización ha destacado que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en países como Botsuana y Sudán de cara a 2018 no deben eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.

El caso de Gambia, que ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a avanzar hacia la completa abolición de la pena de muerte, resulta clave. El presidente gambiano, Adama Barrow, dictó en febrero de 2018 una moratoria oficial de las ejecuciones, una medida que Amnistía ha aplaudido.

Los progresos en el África Subsahariana en 2017 ilustran la tendencia positiva observada en todo el mundo. Según los análisis de Amnistía Internacional, la situación apunta a un nuevo descenso de la pena de muerte a nivel global.

En un comunicado, la organización ha indicado que en 2017 se llevaron a cabo 28 ejecuciones en la región, 24 en Somalia y otras cuatro en Sudán del Sur, lo que supone un ligero incremento frente a las 22 registradas en 2016. Sin embargo, la cifra de condenas a muerte ha disminuido notoriamente de a unas 1.080 registradas en 2016 a las 878 existentes en 2017.

El texto antepone los importantes avances llevados a cabo por Burkina Faso, Chad, Gambia y Kenia frente a la situación de Nigeria, que se ha erigido como el país con mayor número de condenas da muerte de la región.

UN POSITIVO DESCENSO A NIVEL GLOBAL

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países, lo que supone una reducción del 4 por ciento respecto a 2016, que contó con 1.032 ejecuciones. En 2015 la cifra fue del 39 por ciento.

Además de Guinea, Mongolia también ha abolido la capital para todos los delitos. Por otro lado, Guatemala ha prohibido la imposición de dicha pena para los delitos comunes, como el de asesinato, lo que lleva a 142 el número de países abolicionistas --por ley o en la práctica--.

EL CASO DE IRÁN

Aunque en países como Irán --que se encuentra entre los estados con mayor número de ejecuciones junto a China, Arabia Saudí, Irak y Pakistán-- se han reducido las ejecuciones en un 11 por ciento y un 40 por ciento en el caso de los delitos relacionados con las drogas, Amnistía ha expresado que la situación sigue siendo preocupante.

"Es preocupante que ciertos países continúen recurriendo a la pena de muerte para los delitos de drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidrogas revelan en buena medida la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones", ha afirmado Salil Shetty.

Indonesia, que, en un torpe intento por atajar los delitos de drogas, ejecutó en 2016 a cuatro personas condenadas por ese tipo de delitos, no llevó a cabo ninguna ejecución el año pasado, según el informe de la organización.

LA EXISTENCIA DE TENDENCIAS PREOCUPANTES

No obstante, el documento señala que aún persisten algunas tendencias preocupantes en relación con la pena capital. En al menos una quincena de países se han registrado ejecuciones o condenas por delitos de drogas, lo que contraviene el Derecho Internacional.

En Oriente Próximo y el norte de África se ha registrado la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con estos delitos, mientras que en Asia y Oceanía se encuentra el mayor número de países que utilizan la pena de muerte para hacer frente a este tipo de delitos.

"Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como solución rápida en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas", ha alertado Shetty.

En este sentido, ha argüido que "las draconianas medidas contra las drogas que se aplican ampliamente en Oriente Próximo y la región de Asia y Oceanía han fracasado estrepitosamente a la hora de solucionar el problema".

Por otra parte, el informe señala que en Irán al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando aún eran menores de edad y denuncia que otras 80 habrían sido condenadas a la espera de que se ejecute su sentencia.

En relación con estas violaciones del Derecho Internacional, la entidad ha advertido de que otros países como Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur también habrían ejecutado a personas con discapacidad mental.

Por otro lado, estados como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción, tal y como recoge el documento, que estima que las condenas han aumentado en casi un 70 por ciento en Egipto en comparación con los datos recabados en 2016.

EXPECTATIVAS DE CARA AL FUTURO

El año 2017 supuso un periodo de avances hacia la abolición total de la pena de muerte. Sin embargo, ahora que algunos países han dado --o amenazan con dar-- marcha atrás, la campaña contra la pena capital sigue siendo tan esencial como siempre.

"En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados", ha explicado el secretario general de AI.

"La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo", ha aclarado.