Amnistía denuncia que un tribunal de Bata ha condenado a muerte a un hombre en contra del propio fiscal

Amadou Tamboura llevaba dos meses viviendo con varios familiares en Bata cuando se cometió el delito. Durante el juicio, celebrado el pasado mes de abril en la Audiencia Provincial de Litoral de Bata, el acusado admitió que en la noche del 21 de diciembre de 2011 había apuñalado en su casa a una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales.

Aquella noche, según la declaración del procesado, la mujer le pidió dinero, y dado que él no tenía la cantidad que le pedía, ella agarró un cuchillo de la cocina y lo atacó. En el enfrentamiento entre ambos, Tamboura apuñaló a la mujer en el momento en que intentaba quitarle el arma.

El ministerio fiscal aceptó que Amadou Tamboura había matado a la mujer de manera accidental en el transcurso de la pelea y que había intentado compensar a su familia ofreciéndole dinero. El fiscal solicitó una pena de 23años de cárcel, pero el tribunal lo condenó a muerte.

En Guinea Ecuatorial, "la pena de muerte es preceptiva por asesinato a menos que existan circunstancias atenuantes", advirtió AI en la acción urgente emitida el pasado miércoles sobre el caso.

El abogado de Amadou Tamboura ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que el homicidio no fue premeditado y que la fiscalía había solicitado una condena de privación de libertad y no la pena de muerte. No se ha fijado la fecha para la vista del recurso, concluyó la organización.

LA PENA DE MUERTE EN GUINEA

Las últimas ejecuciones de las que se tiene constancia en Guinea Ecuatorial se llevaron a cabo en agosto de 2010, cuando cuatro hombres fueron declarados culpables, "en un juicio sin garantías", de intentar matar al presidente del país, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, recordó Amnistía.

Las últimas ejecuciones anteriores a éstas se cometieron en 2007, cuando tres hombres que habían sido declarados culpables de asesinato en causas distintas en 2006 fueron ejecutados después de que el Tribunal Supremo rechazara sus recursos.

Durante el examen periódico universal sobre Guinea Ecuatorial en diciembre de 2009, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron, entre otras cosas, la abolición de la pena de muerte. El Gobierno de Malabo rechazó esta recomendación alegando que la abolición de la pena de muerte entrañaba "dificultades morales y jurídicas".