Amnistía denuncia la situación "deplorable" de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en Libia

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves las condiciones "deplorables" en que se encuentran los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes (incluidos los menores) en Libia, recluidos en unos centros de detención indefinida que están siendo financiados con los fondos suministrados a Trípoli por la Unión Europea, "Premio Nobel de la Paz", para reforzar la seguridad en las fronteras y "frenar la 'emigración ilegal' a Europa a expensas de los Derechos Humanos".

En un informe publicado este jueves con motivo del Día Mundial del Refugiado, la organización ha denunciado el trato "inaceptable" que reciben miles de extranjeros, muchos de ellos procedentes del África Subsahariana, "que son sometidos a detenciones arbitrarias y recluidos durante largos periodos en condiciones deplorables en los centros de detención para inmigrantes, "sin perspectivas inmediatas de libertad o de reparación".

Amnistía Internacional ha visitado siete de estas denominadas "unidades de detención provisional" en abril y mayo de este año y ha hallado indicios de malos tratos, en algunos casos equivalentes a tortura. Además, a muchos detenidos se les negaba la atención médica y se ordenaba la expulsión de algunos por razones médicas.

"La tortura y los malos tratos que descubrimos en las 'unidades de detención provisional" son inaceptables" y una "mancha" en el historial de la Libia posterior al régimen de Muamar Gadafi, ha declarado la directora adjunta del Programa Regional para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, Hassiba Hadj Sahraoui.

"Los abusos contra ciudadanos del África Subsahariana fueron un rasgo distintivo del régimen de Gadafi y corren el riesgo de convertirse en una característica permanente del país si las autoridades libias no cambian sus políticas por completo y de inmediato", ha advertido.

Durante su misión, Amnistía Internacional documentó varios casos de detenidos, mujeres incluidas, que denunciaron haber sido objeto de palizas brutales con tuberías de agua y cables eléctricos. En al menos dos centros de detención, la organización recogió testimonios de detenidos a quienes habían disparado con munición real durante algunos disturbios.

Al respecto, cita el caso de un hombre que recibió un disparo en el pie cuando estaba atado a una cama y fue golpeado en la parte inferior de la espalda con la culata de un fusil, lo que le dejó incapacitado para caminar y ponerse de pie. "Transcurridos cuatro meses, seguía en esa situación", ha precisado.

Cuando Amnistía Internacional visitó el país había en total 5.000 refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en 17 "unidades de detención provisional" dependientes del Ministerio del Interior, además de un número desconocido de detenidos bajo custodia de las milicias. La delegación de la organización también se entrevistó con un pequeño número de menores no acompañados, algunos de tan sólo 10 años, que habían estado recluidos varios meses en al menos tres "unidades de detención provisional".

Muchas de las "unidades de detención provisional" visitadas, según AI, tenían condiciones de higiene "sumamente precarias, por lo que las personas recluidas corrían el riesgo de contraer enfermedades como infecciones respiratorias y diarrea crónica".

UNIÓN EUROPEA

"Aun así, la Unión Europea (UE), galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, y sus Estados miembros están ayudando a las autoridades libias a reforzar la seguridad en las fronteras y desarrollando 'una estrategia de gestión integrada de las fronteras' a fin de frenar la 'emigración ilegal' a Europa a expensas de los Derechos Humanos", ha denunciado Amnistía.

AI ha instado "en reiteradas ocasiones" a la UE a que respete plenamente los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, y a que garantice que su campaña para impedir que las personas entren en la UE "no contribuye a que se cometan violaciones de Derechos Humanos o las perpetúe".

"Los fondos de la UE deben emplearse para promover y proteger los Derechos Humanos en Libia, especialmente mientras el país está aún recuperándose de un conflicto armado reciente y se enfrenta a un legado de abusos", afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

"Es profundamente preocupante que estos fondos se estén empleando aparentemente para sostener centros de detención donde miles de extranjeros están recluidos de forma ilegítima", ha proseguido. "Entre las personas a las que se detiene rutinariamente y que son objeto de abusos en detención figuran solicitantes de asilo y refugiados que tienen derecho a recibir la protección internacional y que sólo deben ser detenidos debido a su condición en las circunstancias más excepcionales", ha advertido.

Al respecto, Amnistía ha recordado que las prácticas de detención relacionadas con la inmigración de Libia "no sólo incumplen las obligaciones internacionales del país en virtud de las leyes y normas de Derechos Humanos, sino que además son contrarias las obligaciones de la UE en materia de Derechos Humanos, así como a las normas de la UE sobre la detención y devolución de nacionales de terceros países".

Por ello, Amnistía Internacional insta a la UE y a sus Estados miembros a que no lleguen a nuevos acuerdos sobre control de migración con Libia "hasta que el gobierno de este país demuestre que respeta y protege los Derechos Humanos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, y establezca un sistema satisfactorio para evaluar y reconocer las solicitudes de protección internacional".

SEGURIDAD NACIONAL

El informe advierte también de que, en Libia, los migrantes suelen ser percibidos como una amenaza para la seguridad nacional. Desde mayo de 2012, las autoridades libias han expulsado a 25.000 personas que supuestamente habían entrado en Libia "de forma irregular". Miles de ellas, según la organización, permanecieron meses detenidas hasta su expulsión, sin acceso a un abogado y sin poder recurrir contra su expulsión o detención.

La organización también ha encontrado indicios de que las autoridades libias han reanudado la expulsión de extranjeros a quienes se ha diagnosticado una infección, como hepatitis o VIH, tras la reanudación este año de las pruebas médicas obligatorias.

"Nadie debe ser expulsado a causa de su estado de salud", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. "Reintroducir las pruebas obligatorias para extranjeros y la expulsión basada en su estado de salud equivale a adjudicarles el papel de víctimas propiciatorias y sólo demuestra lo inadecuado de las políticas de salud pública de Libia", ha advertido.