Bahréin imputa al expresidente del partido opositor Waad por "incitar al odio contra el régimen"

Las autoridades han presentado cargos contra Sharif bajo los artículos 165 y 172 del Código Penal, por lo que se expone a otros tres años de prisión.

Sharif ya fue condenado en 2011 por un tribunal militar a cuatro años de cárcel, y su partido fue suspendido por "ser crítico con las Fuerzas Armadas y difundir noticias falsas para incitar a la sedición y las divisiones entre los ciudadanos".

Sharif fue arrestado nuevamente en 2015, semanas después de ser liberado, y fue sentenciado a otro año de prisión por un discurso que dio durante su periodo fuera de la cárcel.

La imputación contra el expresidente de la Waad ha tenido lugar en la misma jornada en la que un tribunal del país ha iniciado las vistas por la demanda del Ministerio de Justicia para disolver el partido.

En noviembre de 2014, las autoridades suspendieron a la Waad junto al partido opositor Al Wefaq, poco antes de las elecciones parlamentarias.

Las autoridades de Bahréin han incrementado en los últimos meses las presiones contra los partidos y los activistas opositores.

En febrero, la cámara alta del Parlamento aprobó por unanimidad modificar la Constitución del país para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares.

La votación tuvo lugar cerca de una semana y media de que la Cámara Baja aprobara las enmiendas. El proyecto de ley será enviado al rey, Hamad bin Isa al Jalifa, para su ratificación.

El Consejo de la Shura --la Cámara Alta-- está integrado por 40 miembros que son elegidos por el rey. Por su parte, el Consejo de Representantes --la Cámara Baja-- está integrado por otros 40 miembros, que son elegidos en comicios.

La Constitución del país limita la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, si bien el proyecto argumenta que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.

La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.

Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.