Bahréin impide entrar al país a un parlamentario danés y un activista irlandés que querían visitar a Al Jawaja

Rasmussen y Dooley han llegado al país a primera hora del día y se han fotografiado junto a un cartel con una imagen de Al Jawaja y el mensaje 'Free Abdulhadi' (Liberen a Abdulhadi).

En una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, el parlamentario danés ha señalado que "ha sido detenido por la Policía" y que "quería visitar al ciudadano danés y activista por los Derechos Humanos Al Jawaja, que cumple cadena perpetua".

"La dictadura de Bahréin me tiene detenido en el aeropuerto desde hace cinco horas, y su Policía se ha llevado mi pasaporte. Evidentemente es muy peligroso que un parlamentario danés visite a otro ciudadano danés que está en prisión. ¿Qué será lo que no vea?", se ha preguntado.

Por su parte, Dooley ha indicado a través de la misma vía que su pasaporte también ha sido confiscado y que no se lo han devuelto "pese a que (las autoridades) han ordenado que abandonen el país".

"Atrapado en un escenario kafkiano en un aeropuerto en Bahréin junto al parlamentario danés Rasmussen. Los mismos oficiales de seguridad que nos han ordenado que nos vayamos no nos devuelven los pasaportes", ha relatado, antes de asegurar que les han comunicado que suponen "un riesgo para la seguridad" del país.

Un portavoz del Gobierno bahreiní ha confirmado que se les ha negado la entrada a ambos "al no seguir los procedimientos de visado e inmigración, que están claramente definidos", tal y como ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Rasmussen, parlamentario por el Partido Social Demócrata de Dinamarca, y Dooley, asesor de las ONG Human Rights First y Gulf Centre for Human Rights, tenían planeado visitar a Al Jawaja para comprobar su estado en prisión y reclamar su liberación.

LA FIGURA DE AL JAWAJA

Al Jawaja, expresidente y cofundador del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), fue detenido por las fuerzas de seguridad en el marco de la campaña de represión lanzada por el Gobierno bahreiní en respuesta a las protestas prodemocráticas y condenado en junio de 2011.

Hasta el momento de su detención, el activista era presidente del BCHR, así como miembro de la red de asesores internacional del Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos, presidido por la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Irlanda Mary Robertson.

Además, es miembro del consejo asesor del Centro para Estudios de Derechos Humanos de Damasco, asesor experto y miembro del comité de coordinación del Grupo Árabe para el Seguimiento de la Actuación de Medios en Bahréin y otros seis países árabes.

Al Jawaja participó asimismo en la misión de investigación enviada por Amnistía Internacional (AI) a Irak al inicio de la invasión militar estadounidense en el país y ha sido investigador y consultor de proyectos para dicha organización.

En 2005 fue nombrado activista regional por el Programa Árabe para Defensores de Derechos Humanos puesto en marcha por la Conferencia Internacional de Defensores de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en Dublín.

AUMENTO DE LA REPRESIÓN

Bahréin atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.

A finales de 2017, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.

Asimismo, el Gobierno anunció en enero de 2017 la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la NSA, dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de cien personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.