Los mineros de Bolivia levantan los bloqueos de carreteras y dialogarán con el Gobierno

El artículo 151 del proyecto de ley, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado domingo, es el foco del conflicto entre el Gobierno y las cooperativas, las cuales llevan toda la semana protestando contra la derogación de la misma.

La decisión de la FENCOMIN ha sido asumida este viernes después de que los cooperativistas de Cochabamba y Potosí empezaran a levantar el bloqueo de caminos que alcanzó su mayor nivel de violencia el pasado lunes, cuando hubo fuertes enfrentamientos con la Policía que ocasionaron la muerte de dos manifestantes y un centenar de heridos entre éstos últimos y agentes de la ley.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, ha indicado que la decisión es "por los niños, por las niñas que sufren hoy por frío, hambre; y por los transportistas" y no por petición del Gobierno central. "No está descartado salir otra vez a las calles con nuestras esposas e hijos y hacer prevalecer nuestros derechos", ha advertido.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, había comunicado unas horas antes que el Ejecutivo había planteado a la FENCOMIN "una reunión de alto nivel" con el jefe del Estado.

PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA

El artículo 151 del proyecto de ley viola, según han explicado las autoridades en varias ocasiones, los preceptos de la Carta Magna, pues posibilita que las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, puedan acumular en sus manos los recursos naturales del país.

La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".

Desde un principio, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ha denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.

El Estado ha mencionado de manera reiterada que dichas demandas, no solo violan los puntos de la Constitución en cuanto a la soberanía nacional de los recursos naturales, sino también el artículo 371, en el cual se estipula la imposibilidad de que los contratos de explotación se transferidos a las empresas, tanto nacionales como extranjeras.

En ese sentido, el ministro Romero, tal y como ha señalado la agencia de noticias ABI, ha recordado en cada una de sus intervenciones que una cooperativa no puede beneficiarse al mismo tiempo de las exenciones tributarias del Estado y de las utilidades por parte de una empresa.

Después de varios días de conflicto, el Gobierno se plegó finalmente a la petición de las cooperativas de llevar a cabo una mesa de negociación en el departamento de Oruro, una de las principales zonas de conflicto, región cuyo desarrollo económico se ha gestado a través de la explotación de los recursos mineros.