Bruselas espera que Budapest conceda licencias para medios opositores

"Bajo la legislación de la UE, un Gobierno nacional es libre de fijar condiciones de interés general a la hora de conceder licencias de radio, incluidos la diversidad cultural, diversidad lingüística y pluralismo de medios siempre que el proceso de licitación sea objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado", ha explicado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Ryan Heath, en rueda de prensa.

La legislación comunitaria garantiza además que "las partes deben tener derecho en virtud de la legislación nacional de apelar ante los tribunales decisiones sobre licencias del espacio radioeléctrico que consideren que no se han respetado estos principios de la ley europea", ha precisado el portavoz.

Dado que la normativa europea "no fija un límite sobre el número de licencias de radio que puede emitir un Estado miembro", la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, "anima al Gobierno húngaro a considerar emitir licencias de radio adicionales".

"La Comisión también espera que cualquier interesado que no haya tenido éxito en los procesos de licitación recientes y futuros puedan tener éxito como estaciones de radio en Internet. Para ello, estamos haciendo todo lo que podemos para aumentar el acceso a banda ancha", ha precisado Heath.

La Comisión Europea ya obligó a Hungría a modificar la anterior ley de medios que aprobó hace justo un año. La conocida como la 'ley mordaza' exigía una cobertura equilibrada de la información a todos los proveedores audiovisuales, incluidos los blogs, preveía multas incluso para medios de comunicación extranjeros que no respetaran este principio y obligaba a todos los medios a registrarse.

Kroes ha instado además al Gobierno húngaro a "respetar la sentencia del Tribunal Constitucional húngaro" emitida el pasado 19 de diciembre que admite "límites a la libertad de prensa inconstitucionales" derivados de la normativa y avala que los periodistas puedan proteger sus fuentes "con efecto inmediato", además de exigir "cambios" respecto a la exigencia para los medios en la red de obtener aprobación antes de publicar citas de políticos, ha explicado el portavoz comunitario.

El grupo de alto nivel creado a principios de octubre pasado por Kroes para analizar las limitaciones impuestas a la libertad de los medios, encabezado por la ex presidenta letona Vaira Vîke-Freiberga, analizará la situación de los medios en Hungría en su reunión del próximo 25 de enero, según ha confirmado el portavoz comunitario.

COMPATIBILIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Además de la legislación de medios de comunicación, el Ejecutivo comunitario también tiene "preocupaciones" sobre la posible incompatibilidad de algunas disposiciones de la nueva Constitución húngara que podrían reforzar el control del Gobierno sobre instituciones independientes con los Tratados de la UE al poner en cuestión la independencia del sistema judicial o de organismos como el Banco Central húngaro.

"Nuestras preocupaciones se mantienen y seguirán hasta que la Comisión haya completado su evaluación jurídica de las nuevas leyes adoptadas. Sólo en base a este análisis legal, el Colegio (de comisarios) decidirá los próximos pasos", ha agregado otro portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.

Bailly ha precisado que el Ejecutivo comunitario, que recibió este martes la traducción del texto legislativo húngaro, "decidirá en los próximos días o semanas si hay una infracción" una vez complete su análisis de la nueva norma Fundamental húngara.

"La CE actuará para garantizar que la legislación esté en línea con los tratados de la UE", ha recalcado, recordando la posibilidad de abrir un procedimiento de infracción contra Hungría y pedir una sanción financiera ante el Tribunal de Justicia de la UE. "La Comisión en todo momento puede abrir un procedimiento. Es demasiado pronto para decir si esto se aplicará en el caso que discutimos aquí", ha precisado.

El portavoz ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario "respeta totalmente el derecho de los Estados miembros a modificar su Constitución", pero ha recalcado su competencia en calidad de guardián de los Tratados de "garantizar que las leyes nacionales están en conformidad con los tratados de la UE y sus valores", incluido el respeto a los principios de democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.