Bruselas lleva a España ante la justicia europea por restricciones injustificadas a importación de camiones

El Ejecutivo comunitario critica en especial que las autoridades españolas se nieguen a autorizar el uso del primer vehículo de la flota de un transportista por carretera por motivos comerciales si tiene más de cinco meses, según ha informado en un comunicado.

Esta exigencia no tienen en cuenta que dichos vehículos cumplen los requisitos técnicos europeos y nacionales para poder circular en el Estado miembro de origen y por ello viola el principio de reconocimiento mutuo derivado de las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías, justifica la Comisión, que además lamenta que la medida reduce la competencia en el mercado español porque se traduce en menos opciones y más caras para los transportistas.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de un obstáculo "desproporcionado" y no ha sido justificado por las autoridades españolas en base a argumentos como la protección medioambiental o motivos de seguridad vial. En todo caso, Bruselas entiende en que se podría recurrir a otras medidas alternativas "menos restrictivas" para respetar estos objetivos.

La legislación comunitaria que garantiza la libre circulación de mercancías prohíbe a los Estados miembros que impongan restricciones a las importaciones procedentes de otros Estados miembros o las exportaciones hacia estos siempre y cuando no aleguen razones legítimas de orden público para hacerlo, por ejemplo de salud pública y de seguridad, aunque incluso en este caso deben garantizar que la restricción es "necesaria y proporcionada al objetivo que persigue".

La legislación española que regula el transporte por carretera exige que el primer vehículo de una flota de vehículos pesados que vaya a ser matriculado por una empresa o por un particular no tenga más de cinco meses de antigüedad desde su primera matriculación para poder obtener la autorización para operar como "transporte privado complementario".

El anterior Ejecutivo español de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en otoño de 2011 una propuesta legislativa para eliminar este obstáculo, pero finalmente no se adoptó por las elecciones generales de marzo.

Aunque el nuevo Ejecutivo popular acaba de reiniciar "todo el procedimiento de toma de decisiones" sobre el caso, el Ejecutivo comunitario ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE aunque seguirá "debatiendo la cuestión con las autoridades españolas para poner fin a la infracción".