Bruselas avisa a Polonia de que está "muy cerca" de activar proceso para retirar su derecho a voto en UE

"Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, estamos muy cerca de activar el artículo 7", ha declarado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en una rueda de prensa en Bruselas.

"Las medidas recientes amplifican la amenaza al Estado de derecho, por eso hemos hablado de ello el Colegio de Comisarios", ha explicado el político holandés, tras una reunión del Ejecutivo comunitario en la que, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida específica.

Timmermans ha adelantado que el asunto volverá a la agenda del Colegio la próxima semana y será entonces cuando formalicen la apertura de un nuevo expediente por "violar" las reglas de la Unión Europea y redactarán una nueva recomendación sobre el Estado de derecho en el país del Este si la reforma es adoptada en lo términos actuales.

Bruselas no puede tomar medidas específicas por la polémica reforma de la judicatura durante su tramitación en curso, ya que se trata de un proyecto, y debe esperar a que sea adoptada como ley.

Además, la Comisión quiere estar segura de que cuenta con una sólida base legal para armar las acusaciones de esos dos expedientes y está a la espera de recibir una versión traducida y detallada del paquete de reformas que afectan a la judicatura.

La reforma que prepara el Gobierno polaco destituirá a los actuales miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), uno de los principales órganos judiciales de Polonia, cuyos miembros son nombrados por el presidente del órgano, y facultará al Parlamento para elegir 15 de sus 25 miembros.

La medida proporcionará el control efectivo sobre el Poder Judicial al partido en el Gobierno, Ley y Justicia (PiS), que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria.

Timmermans ha recordado que cuenta con un "amplio apoyo" en el seno del Consejo para su gestión del pulso con Polonia y ha asegurado que muchos de los Estados miembro, incluidos aliados tradicionales de Polonia, han llamado al Gobierno de Beata Szydlo a "reabrir" el diálogo con Bruselas.

También ha señalado el consenso en el Colegio de Comisarios respecto al proceso y a la determinación de expedientar de nuevo a Polonia la semana próxima.

La comisaria polaca, Elzbieta Bienkowska, preguntada por ello en una rueda de prensa posterior, ha dicho que el debate ha abordado el respeto de los derechos fundamentales que su país "aceptó" en su adhesión a la UE y que la reacción de Bruselas dependerá de si finalmente se adopta o no la ley.

JUECES AL SERVICIO DEL GOBIERNO

"Bajo estas reformas, los jueces servirán al gusto de los líderes políticos y serán dependientes de ellos", ha alertado Timmermans, quien también ha aclarado que la Comisión ha tomado buena nota de las enmiendas propuestas por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, pero que las considera insuficientes ya que no abarcan la totalidad de leyes que preocupan en la UE.

Timmermans ha aprovechado su comparecencia para reivindicar la libertad de expresión y censurar los ataques "personales" de las últimas horas dirigidos contra periodistas críticos con el Gobierno polaco. "Lo que no puede ocurrir es que periodistas sean intimidados por hacer su trabajo (...) No funciona así en una sociedad libre", ha recalcado.

Bruselas, que trata de agotar la vía diplomática con Varsovia para no recurrir al "botón nuclear" del artículo 7, ha intentado sin éxito establecer un diálogo estructurado para abordar las preocupaciones sobre el Estado de derecho, un paso previo necesario antes de explorar el artículo 7.

Sin embargo, Timmermans ha lamentado las dificultades para establecer ese diálogo con sus interlocutores polacos y ha reiterado este miércoles la llamada a los ministros de Exteriores y de Justicia de Polonia para que viajen a Bruselas y discutan sobre la situación. "Siempre estoy abierto a hablar con ellos, hace falta tener diálogo para resolver problemas entre amigos", ha zanjado.

ARTÍCULO 7

El artículo 7 de la Unión Europea establece un proceso en dos etapas para actuar ante las violaciones de las libertades fundamentales en un Estado miembro.

El Consejo, a instancias de la Comisión, del Parlamento Europeo o de un tercio de los propios países de la UE, puede iniciar la primera fase para examinar si existe un "riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho, para lo que sería necesario el visto bueno de cuatro quintas partes de los 28.

Este es el paso que el Ejecutivo comunitario sopesa, pero que estudia con cautela porque quiere asegurar que cuenta con el respaldo necesario en el Consejo, para evitar que la falta de apoyos desactivase de inmediato la reacción.

El siguiente paso, que ya exigiría la unanimidad del Consejo, supondría constatar que existe una "violación grave y persistente" en el país investigado. A partir de esa señal, los Veintiocho podrían, por mayoría cualificada, suspender determinados derechos del Estado miembro, incluido su derecho a voto en la UE.