Bruselas autoriza a Reino Unido a dar ayudas de hasta 20.000 millones para nueva central nuclear

La Comisión Europea ha autorizado este miércoles a Reino Unido a dar subvenciones de hasta 20.000 millones de euros para la construcción y la puesta en marcha de una nueva central nuclear en Hinkley Point, en Somerset (suroeste inglés) -que correrá a cargo de la empresa EDF-, por considerar que se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas públicas.

Durante la investigación en profundidad de Bruselas, Reino Unido ha aceptado "modificar de forma significativa" la financiación del proyecto en respuesta a las preocupaciones del Ejecutivo comunitario. Los cambios "limitan las distorsiones de competencia en el mercado interior" y "logran ahorros significativos para los contribuyentes británicos", según ha dicho el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas han atacado la decisión de Almunia por considerar que sólo beneficia a EDF. "No hay absolutamente ninguna justificación legal, moral o medioambiental para convertir los impuestos en beneficios garantizados para una empresa nuclear cuyo único legado será un montón de residuos nucleares", ha dicho Greenpeace en un comunicado, en el que ha avisado de que la decisión acabará ante los tribunales. Varios comisarios han votado también contra la decisión de Almunia.

Los costes de construcción de la planta de Hinkley se estiman en 31.200 millones de euros. La central requerirá una financiación de la deuda de 21.600 millones y finalmente tendrá un capital de alrededor de 43.000 millones, según los datos de Bruselas. El inicio de operaciones está programado para 2023, con una vida útil prevista de 60 años. Los dos reactores producirán 3,3 GW de electricidad, el 7% del total de Reino Unido.

De acuerdo con el Tratado, los Estados miembros son libres para determinar qué fuentes de energía escogen. "Reino Unido ha elegido promover la energía nuclear y esta decisión está dentro de sus competencias", según destaca la Comisión, que precisa que su única obligación es verificar si las ayudas públicas se ajustan a las reglas de la UE, cuyo objetivo es preservar la competencia en el mercado único.

Reino Unido tiene previsto establecer un apoyo a los precios, que garantiza que el operador de la planta de Hinkley recibirá ingresos estables durante un periodo de 35 años. El operador se beneficiará además de un aval público que cubrirá la deuda para financiar la construcción de la planta.

Durante la investigación, las autoridades británicas han demostrado que el apoyo va dirigido a corregir un auténtico fallo de mercado, despejando las dudas iniciales de Bruselas. En particular, los promotores del proyecto no serían capaces de lograr la financiación necesaria por su naturaleza y tamaño sin precedentes.

Por lo que se refiere al aval público, el Ejecutivo comunitario concluyó que la tarifa que el operador tenía que pagar al Tesoro británico era demasiado baja para un proyecto con este perfil de riesgo. Por ello se ha aumentado significativamente, lo que según Bruselas significará una reducción de la ayuda de 1.300 millones de euros.

Además, tras la intervención de Bruselas, los beneficios que genere el proyecto deberán compartirse con los consumidores británicos durante toda la vida del proyecto. Así, un aumento de la tasa de beneficio en 1 punto porcentual generará ahorros de 1.500 millones, según el Ejecutivo comunitario.