Bruselas deberá elegir a sus asesores a través de convocatoria pública

"Es un paso más en el 'modo de hacer' de Bruselas. La Comisión podrá recabar conocimientos técnicos de alta calidad sin incurrir en conflictos de intereses y estará preparada para rendir cuentas de ello a los ciudadanos", ha destacado el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.

Bruselas aspira también a que estos cambios aseguren un "equilibrio" de los distintos intereses en juego y las áreas de conocimiento relevantes, durante los trabajos para elaborar las políticas comunitarias.

En lo que a las convocatorias públicas de candidaturas se refiere, se trata de que todos los departamentos de la Comisión estén obligados a seleccionar a los miembros de los grupos de expertos a través de esta vía, con la excepción de los que representan a los Estados miembros, terceros países y organismos de la UE e internacionales.

Estas convocatorias se publicarán en el registro de los grupos de expertos y deberán "establecer claramente los criterios de selección, incluidos los conocimientos técnicos necesarios y los grupos de interés destinatarios".

También será obligatorio para los servicios de la Comisión poner a disposición del público los documentos relevantes, tales como los órdenes del día, las actas completas y las presentaciones de los expertos. Se abre la puerta, además, a que se puedan publicar las opiniones minoritarias y no solo las que se impongan en el voto.

El Ejecutivo comunitario sostiene que las normas revisadas mejoran la gestión de los conflictos de intereses de los expertos nombrados a título individual y que deben actuar con independencia y en aras del interés público. Bruselas deberá cumplir evaluaciones específicas de posibles conflictos, en base a un modelo de declaración de intereses que los examinados deberán presentar.

Otra de las novedades del registro actualizado y de la transparencia reforzada tiene que ver con una nueva clasificación de los miembros de los grupos de expertos, en la que se separará organizaciones como empresas, ONG y sindicatos de entidades públicas que antes se incluían en la misma categoría.

De acuerdo a las cifras ofrecidas por Bruselas, unos 800 grupos de expertos asesoran a la Comisión Europea en la preparación de nuevas propuestas legislativas, en el control de las ya existentes y también para establecer orientaciones estratégicas en debates más generales.