Bruselas mantiene su última petición a España de recuperar ayudas a multinacionales

La Comisión Europea mantiene la última petición que dirigió en octubre a España de recuperar ayudas fiscales a multinacionales pese a la sentencia de este viernes del Tribunal General de la UE (TJUE), que ha anulado dos decisiones similares anteriores de Bruselas por considerar que no se ha demostrado que las ventajas en cuestión sean ilegales.

"La Comisión adoptó en octubre una decisión separada relativa a una interpretación diferente del régimen fiscal español que beneficiaba a las compañías que adquirían indirectamente participaciones extranjeras", ha dicho el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

"Esta decisión sigue siendo válida, ya que las decisiones de la Comisión son efectivas a menos que sean anuladas por los Tribunales de la UE", ha agregado.

Sin embargo, el propio Ejecutivo comunitario admite en privado que su última decisión contra las ayudas fiscales de España a las multinacionales está basada en los mismos argumentos que las dos anuladas por el TJUE. No obstante, considera que corresponde a las empresas o al Gobierno recurrir de nuevo y al Tribunal pronunciarse.

Este último régimen cuestionado por Bruselas fue aprobado en marzo 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y tenía carácter retroactivo. Permitía deducciones fiscales para las adquisiciones indirectas. Esta interpretación se adoptó para la adquisición de la compañía telefónica brasileña Vivo por parte de Telefónica.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha considerado "positiva" la sentencia del Tribunal que da la razón a las empresas españolas, pero ha dicho que "el impacto desde el punto de vista recaudatorio no es importante en absoluto". Guindos ha asegurado que las ventajas fiscales que el Gobierno concede a las multinacionales españolas no tienen nada que ver con las de Luxemburgo.

Gracias al fallo, las compañías no deben devolver ninguna ayuda de los anteriores regímenes declarados ilegales en 2009 y 2011, pero Bruselas y el Gobierno español todavía no habían calculado el importe de subvenciones que debeía recuperarse.