Bruselas no retrasará de nuevo la decisión sobre la multa a España por el déficit y se pronunciará en julio

"Como saben, las decisiones bajo el procedimiento por déficit excesivo en el caso de España y de Portugal fueron aplazadas hasta principios de julio. No hay planes para posponer más estas decisiones", ha expresado el letón en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

No obstante, Dombrovskis ha evitado adelantar la dirección de esa decisión. "No estoy en condición de prejuzgar la decisión de la Comisión en julio, pero es el deber de la Comisión, como guardiana de los tratados, aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha manifestado.

Así, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha recordado que el primer paso para iniciar el proceso sancionador, que podría suponer una multa de 2.000 millones para España, es que Bruselas certifique la falta de acción efectiva por parte del Gobierno y que se darán nuevos pasos si es confirmada posteriormente por ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

En este sentido, el político letón ha afirmado que Bruselas tendrá en cuenta que su decisión bajo el procedimiento por déficit excesivo los posibles efectos sobre la recuperación de la economía española, al mismo tiempo que ha subrayado que la Comisión valora los esfuerzos de España y Portugal para volver al crecimiento.

"La Comisión tiene la intención de garantizar que todos los países pueden fortalecer sus recuperaciones y asegurar un entorno económico positivo. Esto, en cualquier caso, es algo que la Comisión necesita tener en cuenta cuando decida tomar nuevos pasos", ha apostillado.

Además, preguntado por la promesa de Mariano Rajoy de bajar los impuestos si gana las elecciones, Dombrovskis ha señalado que es posible siempre que España se ciña a sus objetivos fiscales, y ha recalcado que la nueva senda prevé un déficit presupuestario del 3,7% este año y del 2,9% en 2017.

En cualquier caso, ha destacado que el "consejo general" de la Comisión Europea es trasladar la carga tributaria desde las rentas del trabajo, especialmente en el caso de los salarios más bajos, a otros gravámenes como el del consumo, la propiedad, el capital y los impuestos 'verdes'.