La CIDH pide al Gobierno venezolano "no criminalizar a la oposición"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido este martes al Gobierno de Venezuela "no criminalizar a la oposición", al tiempo que ha expresado su preocupación por el "Estado de Derecho", a raíz de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

La CIDH ha recordado el caso de Ledezma, que fue detenido el pasado jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) "fuertemente armados" por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado.

También ha señalado el caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, detenido desde hace un año por, supuestamente, orquestar los disturbios en Caracas del 12 de febrero de 2014. El pasado jueves, "un grupo de más de 30 agentes estatales fuertemente armados irrumpieron en la celda donde se encontraba y destruyeron y requisaron pertenencias personales".

"Por otra parte, la información disponible indica que otra líder opositora, María Corina Machado, habría sido destituida de su cargo de diputada nacional e imputada por el Ministerio Público", ha añadido la CIDH.

No obstante, en el último año también "se ha registrado un aumento en las detenciones, agresiones y amenazas contra periodistas, así como en las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas críticos".

"Asimismo han aumentado los procesos sancionatorios, persisten los problemas de escasez del papel prensa y (...) los bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet", ha denunciado la Comisión.

En concreto, ha llamado la atención sobre "la adquisición de importantes medios privados por parte de empresarios que proceden a despedir a periodistas críticos y a limitar las coberturas de situaciones de evidente interés público".

"La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los Derechos Humanos de quienes se identifican con la oposición al Gobierno", ha dicho en un comunicado.

La CIDH ha sostenido que "las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática" porque sin ellas "no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad".

"Por ello, la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los estados mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios", ha dicho.

Así, ha hecho un llamamiento al Estado de Venezuela "a buscar soluciones pacíficas a su actual problemática y a generar un diálogo con la oposición dentro del marco de la democracia, el Estado de Derecho".

ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA

Por otro lado, la Comisión ha expresado "su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los Derechos Humanos".

Para la CIDH "es incompatible con los estándares internacionales que civiles sean recluidos en una cárcel militar", ha subrayado, recordando que a Venezuela "su obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como sus condiciones de detención".

En la misma línea, ha trasladado "su profunda preocupación por las denuncias recibidas acerca de la presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos contra las personas mencionadas".

La Comisión ha aprovechado para subrayar que "la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional y solo con el objetivo de proteger los fines del proceso, previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones".

"La presunción de inocencia puede considerarse violada cuando la persona es detenida preventivamente bajo acusación penal sin la debida justificación, debido a que esa detención se transforma en una sanción y no en una medida cautelar, lo que equivale a anticipar una sentencia", ha señalado.

También ha aludido a la represión gubernamental de las protestas, recordando que, aunque Venezuela tiene "el deber de mantener el orden público y proteger a todas las personas del delito y la violencia" los métodos utilizados para el cumplimiento de estos fines "deben ser congruentes con los Derechos Humanos.