La presidenta del Congreso de Perú insiste en el indulto a Alberto Fujimori en lugar del arresto domiciliario

En declaraciones a RPP, Salgado ha explicado que aprobar esta legislación podría provocar acusaciones contra el Gobierno por emitir "leyes con nombre propio". "Personalmente, yo quiero ver libre a Alberto Fujimori", ha señalado.

"No (quiero verlo) encerrado en una casa, no con grilletes. Creo que se tiene que dar un indulto, y eso está en potestad del presidente Kuczynski", ha agregado la 'fujimorista', que ha preferido no pronunciarse sobre si su bancada votaría en contra de la denominada 'Ley Vieira', que prevé otorgar el arresto domiciliario a presos mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de su condena, requisitos que sí cumple Fujimori.

A finales de abril, Kuczynski aseguró que es necesario "voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida". "Nosotros estamos estudiando el caso", aseguró, en respuesta a unas declaraciones del portavoz del grupo de Peruanos por el Kambio (PPK) --el partido de Kuczynski--, Carlos Bruce, quien se mostró a favor de la liberación de Fujimori por cuestiones humanitarias.

No obstante, su primer ministro, Fernando Zavala, tuvo que salir a matizar las palabras del presidente, señalando que lo que estaba estudiando no es un "indulto" al exmandatario, algo que ha rechazado desde su elección como mandatario.

"El Ejecutivo no va a promover una ley, pero sí evaluará las propuestas que se puedan presentar de caso general y que permitan a personas cumplir condenas en su domicilio", indicó entonces Zavala, según la cadena peruana Canal N.

El exmandatario, de 87 años, ha tenido que ser hospitalizado en los últimos años --la última vez, a principios de abril-- por diversos problemas de salud que llevaron a sus hijos a solicitar un indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala, que lo rechazó.

Posteriormente, el actual presidente también se negó a conceder un indulto a Fujimori, padre de su rival en las elecciones.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.