El Consejo de Seguridad de la ONU condena el deterioro de la seguridad en Darfur

En una declaración leída por su presidente de turno, el embajador ruso Vitaly Churkin, el máximo órgano de Naciones Unidas exigió la desmilitarización de éste y otros campos que acogen a la población civil desplazada por el conflicto.

"Condenamos el ataque contra cooperantes y personal de la ONU en Darfur y expresamos nuestra profunda preocupación por los secuestros e intimidaciones que se han producido", explicó Churkin a la salida de una reunión del Consejo.

Asimismo, indicó, ese organismo insta al Gobierno sudanés a cumplir con la obligación de permitir el acceso de los cooperantes al campo de refugiados para que puedan desempeñar su labor humanitaria.

El Consejo de Seguridad de la ONU difundió la declaración tras una reunión con el subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, y el secretario general adjunto del organismo para Operaciones de Paz, Atul Khare.

Según una copia escrita de su intervención distribuida por la ONU, Holmes aseguró a los 15 miembros del máximo órgano de Naciones Unidas que el nivel de restricciones, acoso, amenazas y violencia contra el personal humanitario en Darfur "es de nuevo inaceptable".

Por una parte, detalló que los enfrentamientos a finales de julio entre partidarios de diferentes grupos armados en el interior del campo de Kalma obligaron a interrumpir la distribución de ayuda, mientras que las restricciones que impusieron después las autoridades impidió el acceso de las ONG.

Holmes añadió que el 18 de agosto se restableció el acceso sin restricciones a ese asentamiento, del que, a causa de esta crisis, han huido unos 25.000 de sus 82.000 residentes.

Por otro lado, explicó que las autoridades siguen negando el acceso a la zona este de Jabal Marra, donde unas 100.000 personas están en peligro a causa de los combates entre fuerzas gubernamentales y guerrilleros rebeldes.

El responsable de la ONU también lamentó que los cooperantes sigan siendo objetos de secuestros, intimidaciones y agresiones, así como que se siga limitando su trabajo pese a la grave situación humanitaria de gran parte de los civiles que viven en Darfur tras siete años de conflicto.

En particular, mencionó la expulsión por parte del Gobierno sudanés de cinco trabajadores de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

"Es de vital importancia que la buena voluntad (de las autoridades sudanesas) se demuestre con acciones concretas para eliminar restricciones a las operaciones humanitarias, y que se ponga fin a las intimidaciones", agregó.

Por su parte, el embajador de Sudán ante la ONU, Daffa-Alla Elhag Ali Osman, resaltó que su Gobierno se limita a asegurarse de que las ONG extranjeras cumplan con los acuerdos que permiten sus actividades en el país.

"Todas las organizaciones han firmado un acuerdo que deben respetar. Si no lo hace, el Gobierno se reserva el derecho a adoptar medidas", indicó.

Al mismo tiempo, reiteró el reclamo de Jartum a la ONU para que entregue a seis rebeldes refugiados en Kalma a los que acusa de los disturbios del mes pasado, en los que murieron al menos ocho personas.

El conflicto en Darfur ha causado unos 300.000 muertos y unos 2,7 millones de desplazados desde su inicio en 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región, según datos de la ONU.