Corea del Sur aplaude las nuevas sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte

"Fortaleceremos aún más la cooperación internacional para que Corea del Norte abandone su programa nuclear de forma completa, verificable e irreversible", ha afirmado el viceministro de Exteriores, Lim Sung Nam, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los 15 países miembros del Consejo --entre ellos España-- han adoptado por unanimidad un texto que contempla la inspección de todas las mercancías que tengan como origen o destino Corea del Norte; ya no sólo de las que puedan contener bienes ilícitos. Se prohíbe cualquier mercancía susceptible de ser usada con fines militares.

Los estados miembro del Consejo han expresado su "grave preocupación" por los últimos desafíos norcoreanos, en particular el ensayo nuclear llevado a cabo el 6 de enero y el lanzamiento de un satélite el 7 de febrero, afirmando que este tipo de hechos contribuyen a la "tensión" en la región y demuestran el interés bélico de Pyongyang.

El Consejo de Seguridad pide al Gobierno de Kim Jong Un que "abandone todos los programas nucleares de una forma completa, verificable e irreversible" y que "cese inmediatamente todas las actividades relacionadas" con esta industria.

En este sentido, defiende "la importancia de mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea" y aboga por una "solución pacífica, diplomática y política" de cualquier disputa, lo que pasa por la reanudación de las conversaciones a seis bandas, de las que forman parte las dos Coreas, Estados Unidos, China, Japón y Rusia.

La resolución recoge expresamente que, con las últimas medidas adoptadas, el Consejo de Seguridad no quiere imponer "consecuencias humanitarias adversas para la población civil".

Corea del Norte ya ha advertido, a través de la agencia de noticias KCNA, de que su posición sobre su polémica industria "no cambiará nunca" por "algunas sanciones", que --ha insistido-- constituyen una "grave violación a la soberanía" de la nación asiática". No en vano, no ha variado su política desde la adopción de los primeros castigos en 2006.