Correa acusa a los indígenas que han acogido a tres fugitivos de "desafiar el estado de derecho"

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha acusado a los dirigentes de la comunidad indígena Sarayaku de "desafiar el estado de derecho" por haber dado refugio a tres fugitivos de la ley condenados por calumniar al mandatario e impedir así su arresto para cumplir la sentencia en su contra.

"Lo que está pasando es gravísimo (...) y es un problema para el país, que la comunidad de Sarayaku, una comunidad altamente politizada, se victimiza al decir que están 'atentado contra nuestro territorio', y ahí están escondidos estos tres tipos fugitivos de la justicia y han decidido darles protección, desafiando todo el estado de derecho", ha señalado Correa durante su Enlace Ciudadano de este sábado, realizado desde Italia.

El presidente se refería a exdiputado opositor Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, quienes acusaron ante los tribunales a Correa de cometer actos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010 durante el fallido golpe de Estado denunciado por el presidente, que se encuentran refugiados en la citada comunidad indígena desde esta semana.

"Cualquier comunidad se considera con la autoridad para ensordecer una sentencia judicial y proteger fugitivos", ha añadido Correa, en referencia al veredicto de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que confirmó el pasado enero la condena dictada contra los tres, según informa la agencia oficial Andes.

Jiménez, Villavicencio y Figueroa, fueron condenados en un juicio por injurias interpuesto por Correa en 2012, después de que hubieran acusado al mandatario de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital de Quito en el que estuvo retenido durante varias horas durante la revuelta policial para ser liberado.

Este viernes, la comunidad Sarayaku acordó acoger a los tres fugitivos e instó al presidente ecuatoriano a acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) les otorgó.

Asimismo, según informaron en un comunicado, pidieron que se "suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 14 de enero del 2014 emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre la petición individual".

CORREA CRITICA A LA CIDH

A este respecto, Correa ha arremetido contra la CIDH. "Ellos creen que esto es una denuncia falsa y que de manera maliciosa se les sancionó. Eso es su problema, ellos pueden pensar lo que se les dé la gana, están cuestionando la ley de un país soberano y no nos pueden imponer sus novelerías", ha advertido Correa.

La Corte Nacional de Justicia anuló el pasado enero el recurso de casación interpuesto por el Jiménez, Villavicencio y Figueroa, y ratificó la sentencia para los dos primeros a 18 meses de prisión y de 6 meses para Figueroa. Además, también fueron condenados al pago de una indemnización de 140.000 dólares a Correa y a pedir disculpas públicas.

"No cometí ningún delito. Esa sentencia es nula, por eso no me siento un fugitivo de la justicia", ha asegurado Jiménez en declaraciones al diario 'El Comercio' publicadas este domingo.

"Ellos están bajo nuestra protección. Aquí en nuestro territorio ellos son libres, no tienen ninguna condena y eso lo vamos a garantizar", ha asegurado por su parte el presidente de la comunidad Sarayaku, José Gualinga.

HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN

El dirigente indígena ha subrayado que en esta comunidad no pueden entrar las fuerzas militares y policiales debido a un acuerdo con el Estado, que compromete el respeto al territorio de los nativos. Según ha denunciado, tras decidir darles refugio, los controles en Canelos y en el puerto Latasas, donde se toman las lanchas para entrar en la comunidad, se reforzaron.

"Nos requisan las maletas y las mochilas. Eso es hostigamiento", ha denunciado Gualinga. Además, el viernes pasado, un helicóptero sobrevoló el río Sayaraquillo y por la noche, el mismo helicóptero sobrevoló el centro de la comunidad, algo que sus dirigentes han interpretado como una acción de intimidación.

"Aquí nunca había pasado eso, los niños se asustaron y toda la comunidad se puso en alerta máxima", ha explicado a 'El Comercio' Marlon Santi, uno de los líderes comunitarios. Según él, la razón por la cual la comunidad decidió ampararlos, es que ellos están pasando por lo mismo que el pueblo Sarayaku ya enfrentó.

"Nuestro pueblo afrontó un juicio internacional en contra del Estado ecuatoriano por la explotación petrolera. Ellos también son perseguidos por denunciar lo justo, no son delincuentes", ha subrayado Santi.