Cuba comienza un debate histórico sobre las reformas económicas y sociales

El gobernante del Partido Comunista de Cuba (PCC) da comienzo a un histórico debate sobre la "actualización" del modelo que rige la isla desde hace más de 52 años, donde serán analizadas trascendentales reformas con las que el Gobierno de Raúl Castro intentará superar la crisis dando un mayor papel en la economía al sector privado. Unos mil delegados en representación de todas las provincias de Cuba se darán cita hasta el próximo martes en el IV Congreso del PCC, que se reunirá por primera vez en 14 años.

El único objetivo en agenda es el análisis de las 291 medidas contenidas en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. La propuesta buscará adaptar aspectos del modelo económico de estilo soviético que adoptó el régimen castrista en el año 1975 durante el primer congreso del PCC. Castro ha advertido de que estas reformas son "inaplazables" para garantizar la supervivencia del sistema socialista. No obstante, la población observa el cambio con escepticismo ante el temor de que sea ella quien soporte el coste de esta transformación.

"El sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, y a su vez deberá transformarse en sus aspectos metodológicos y organizativos, para dar cabida a las nuevas formas de gestión y de dirección de la economía nacional", señala el primer lineamiento. Las medidas van orientadas a reducir todos los subsidios, buscar alternativas de financiación, reactivar el aparato productivo, promover la inversión extranjera y reubicar en trabajos privados a unos 500.000 empleados públicos que comenzaron a ser despedidos.

El propio Castro ha pedido aliviar al Estado de algunas cargas que considera innecesarias. El proyecto contempla una serie de cambios que abarcan desde los aspectos más domésticos hasta políticas macroeconómicas como la reestructuración de la deuda externa, la sustitución de importaciones por exportaciones, la producción interna y la necesidad de atraer mayor inversión extranjera que reactive el empleo, entre otras. "Diversificar los destinos de los bienes y servicios exportables, además de mantener la prioridad y atención a los principales socios del país, y lograr mayor estabilidad en la obtención de ingresos", precisa el proyecto.

El Proyecto de Lineamientos suscitó un debate nacional sin precedentes que se celebró en toda la isla entre diciembre de 2010 y febrero de este año. Hasta el pasado 7 de febrero se habían efectuado 127.113 encuentros en los que participaron más de 7 millones de personas, según cifras oficiales. Aunque el proyecto no ha sido oficialmente aprobado, el Gobierno cubano ha puesto en marcha algunos cambios trascendentales para la vida cotidiana de los cubanos, como la eliminación de los subsidios de una buena parte de los alimentos de la llamada libreta de racionamiento.

En la isla el salario no supera los 20 pesos convertibles cubanos, es decir, unos 16 euros, y conseguir algunos productos es una tarea titánica en medio de los problemas de abastecimiento derivados, en parte, por el bloqueo económico estadounidense. Otro de los cambios previos al debate ha sido la devaluación de un 8 por ciento del peso convertible (CUC) con relación al dólar estadounidense y el restablecimiento de la paridad con respecto a esa moneda, regresando al sistema cambiario igualitario que existió desde que fue creado el CUC en 1994 hasta abril de 2005.

La inédita apertura del régimen comunista al sector privado ha sido la novedad más comentada tanto dentro como fuera de Cuba. Los trabajadores por cuenta propia ya se pueden ver operativos en algunas zonas de la isla, mientras que otros esperan con paciencia a que la burocracia libere finalmente los permisos para poder formar parte del sector "no estatal. "El modelo de gestión debe reconocer y estimular, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las empresas de capital mixto, las cooperativas, los usufructuarios de tierras, los arrendadores de establecimientos, trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social".

Sin embargo, "en las nuevas formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales", establece la propuesta. Desde octubre de 2010 hasta finales de enero de este año habían sido concedidos más de 113.600 permisos para ejercer en una de las 178 actividades por cuenta propia autorizadas por el Gobierno, según datos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba (ONAT) divulgados en marzo. Entre las actividades más demandadas por los cubanos está la elaboración y venta de alimentos (como la creación de restaurantes y cafeterías).

También figura la contratación de empleados de manera particular. Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 68,3 por ciento de los cubanos autorizados para el trabajo por cuenta propia estaban desempleados, mientras que el 16 por ciento eran trabajadores y el 15 por ciento jubilados. Más de 145.000 cubanos se habían dado de alta en la Seguridad Social hasta finales del pasado febrero, uno de los requisitos indispensables para poder ejercer el trabajo por cuenta propia. El proceso de filiación inició en enero, casi tres meses después de que la ONAT comenzara a entregar los primeros permisos.

Cada trabajador "no estatal" deberá contribuir con un 25 por ciento de sus ingresos mensuales, cuya escala oscila desde 350 a 2.000 pesos cubanos (9,4 a 53,8 euros), salvo algunas excepciones. Las aportaciones ofrecen respaldo ante la vejez y la invalidez total, temporal o permanente, y beneficia a la mujer durante la maternidad y a la familia en caso de muerte. Para incentivar la producción, el Estado planea ceder en parte el sector agrícola y los servicios minoristas, incrementar las cooperativas y los contratos de arrendamiento.

El sector "no estatal" representaría cerca del 35 por ciento de la fuerza de trabajo en relación con el 15 por ciento actual, según informa Reuters. La apertura del sector privado está vinculada al despido de unos 500.000 empleados públicos, proceso que comenzó el pasado enero y que se extenderá dos años, aunque el propio Castro ha admitido que se ha actuado con lentitud.

La idea del régimen castrista es que sea el sector "no estatal" el que absorba a estos parados. Cuba atraviesa actualmente una de las peores crisis económicas de su historia como consecuencia de los 20.564 millones de dólares (14.190 millones de euros) en pérdidas que han dejado 16 huracanes entre 1998 y 2008, así como los 1.350 millones de dólares (931 millones de euros) por las fuertes sequías, sin contar los estragos que ha causado el calentamiento global entre 2009 y 2010, explica el proyecto de lineamientos.

Pero a lo que realmente achaca el régimen castrista la crisis es al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace medio siglo, el cual ha significado "cuantiosas pérdidas". Sin embargo, en 2004 se abrieron para Cuba "nuevas posibilidades de inserción internacional" gracias a su incorporación a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que "potenciaron las fuentes de ingresos" provenientes de los intercambios comerciales con Venezuela y otros países del mundo como China, Vietnam, Rusia, Angola, Irán, Brasil y Argelia, precisa el documento. "En el orden interno, han estado presentes factores tales como: baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional", añade el texto.