Dan un "amparo provisional" al ex general Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes contra la Humanidad

Los magistrados han decidido aceptar el amparo presentado por la defensa hace semanas para archivar las causas contra Ríos Montt alegando que debe aplicarse la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1996, según informa el diario 'Siglo XXI'.

La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) ya ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala Cuarta de Apelaciones ante la Corte Constitucional al considerar que el amparo es "improcedente".

El abogado de Famdegua, Édgar Pérez, argumenta que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por los crímenes que se le imputan a Ríos Montt y recomendó a sus autoridades no aplicar la Ley de Amnistía en este caso.

"Están contraviniendo una sentencia y al mismo tiempo están impidiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones, pues la CIDH ordenó una investigación exhaustiva hasta dar con los responsables materiales e intelectuales de la masacre", ha dicho Pérez.

Además, ha considerado la decisión de la Sala Cuarta de Apelaciones "es un retroceso enorme en el acceso a la justicia, al tiempo que consolida la impunidad en Guatemala", según informa el diario 'Prensa Libre'.

LA ACUSACIÓN

El pasado 22 de mayo, la jueza de Alto Riesgo Carol Patricia Flores ligó a Ríos Montt a un proceso judicial por participar en la matanza de 201 personas en el municipio de Dos Erres en 1982, imputándole los delitos de genocidio y contra deberes de la Humanidad.

El Ministerio Público asegura que el ex general es responsable de la operación militar en la que el 7 de diciembre de 1982 un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados irrumpieron en Dos Erres para torturar a los hombres y violar a las mujeres antes de matar a 201 personas, incluidos niños.

Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

El pasado mes de enero, Flores ya imputó un delito de genocidio y otro de crímenes contra la Humanidad al ex general por su implicación en la matanza de 1.771 personas, en su mayoría indígenas ixil, en el marco de la política de 'tierra quemada'.

Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).