El Defensor del Pueblo alerta sobre la escalada de violencia en Tumaco, con 14 homicidios en seis días

Entre el 29 de diciembre y el 3 de enero, la Defensoría del Pueblo ha registrado 14 homicidios en Tumaco, "la mayoría de personas jóvenes", pero advierte de que habría que sumar los cuatro ex guerrilleros de las FARC que murieron el lunes por un ataque del ELN.

La institución colombiana ha indicado que estas cifras auguran un empeoramiento de la escalada de violencia que se vive en Tumaco. En 2017 se produjeron 222 homicidios, 70 más que en el año anterior, cuando sumaron 152, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Entre los "factores de riesgo" ha mencionado "la ocupación de los espacios abandonados por las FARC en Tumaco y en la cuenca del río Patía por los grupos armados integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz o que se apartaron del mismo y que se autodenominan Guerrillas Campesinas, Resistencia Campesina, Guerrillas Unidas del Pacífico', Los del Vaca y Los de Sábalo".

Además, "la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico está afectando a los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía", ha señalado, apuntando en concreto a los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

"Por otra parte, el apoyo a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito relacionado con el punto cuatro del acuerdo de paz (entre el Gobierno y las FARC) se ha constituido en un factor de alto riesgo para los alcaldes de Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán, así como para diferentes consejos comunitarios", ha añadido.

Todo ello hace temer "hechos violentos que podrían generar graves consecuencias humanitarias como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de los Derechos Humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes; extorsiones; confinamientos; desplazamientos forzados; y siembra de minas antipersona".

Así, ha pedido al Gobierno que refuerce la presencia militar y policial en Tumaco y en la costa del Pacífico para prevenir nuevos crímenes e investigar los ya cometidos. En lo tocante a "la grave problemática humanitaria y social de la región", ha exigido "una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros".