Destapan una cárcel secreta de la Policía filipina en Manila

La CHR recibió una denuncia anónima que alertaba de la existencia de estas instalaciones. El personal que acudió al lugar descubrió un pequeño zulo escondido en los bajos de una comisaría oculto tras una estantería en el que había detenidas varias personas.

La portavoz del CHR, Jacqueline de Guia, ha indicado que había una docena de personas, tanto hombres como mujeres, que llevaban allí al menos una semana sin que se hubieran presentado cargos en su contra y a las que los agentes habían exigido entre 20.000 y 200.000 pesos (365 y 3.651 euros) a cambio de su liberación.

Algunos de los detenidos han denunciado que han sufrido torturas. Además, estaban en condiciones "inhumanas", de acuerdo con el director de la CHR para Manila, Atty Gilbert Boisner. El zulo carecía de ventilación y de saneamientos, por lo que han tenido que orinar y defecar encima.

"Es definitivamente una causa de preocupación porque estas prácticas no son la norma", ha dicho De Guia. La ONG estadounidense HRW, por su parte, ha considerado que "este descubrimiento es solo el último signo de cómo la Policía está explotando la abusiva campaña antidrogas de Duterte para conseguir beneficios personales".

La Policía ha cesado al comisario de Tondo, Roberto Domingo, según ha anunciado el jefe regional de la PNP, Oscar Albayalde, que ha asegurado que el cuerpo de seguridad "no tolerará que ningún agente cometa actos ilegales". "Os aseguro que tenemos en mente el interés de la comunidad", ha afirmado.

Domingo ha explicado en una entrevista concedida a una televisión filipina que fue idea suya utilizar el espacio sobrante en su oficina para retener a los sospechosos hasta que las celdas de la comisaría quedaran libres, informa el diario local 'The Phil Star'.

Duterte, por su parte, ha prometido investigar los hechos. "Lo miraré después (de este acto), esta tarde", ha dicho en el marco de una reunión con el presidente indonesio, Joko Widodo. "Llamaré al director general de la Policía", ha prometido el mandatario filipino.

Duterte está en el foco público por su guerra contra las drogas, que en diez meses se ha cobrado la vida de 9.000 personas. La Policía atribuye estas muertes a acciones en defensa propia y a la actuación de grupos rivales, pero las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos alertan sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.

Esta misma semana un abogado, que representa a los antiguos miembros del supuesto escuadrón de la muerte que Duterte creó como alcalde de Davao y que han testificado en el Congreso, ha presentado una denuncia contra el presidente ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad.