EEUU investiga si S&P calificó erróneamente títulos hipotecarios

La investigación comenzó antes de que S&P rebajara la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+, pero podría añadir presión a la tormenta política que ha rodeado este hecho. Desde entonces, algunos congresistas y miembros del Ejecutivo han cuestionado el proceso de calificación de la agencia, su credibilidad y la competencia de sus análisis.

En el caso de la investigación, el Departamento de Justicia está tratando de esclarecer si los analistas de la compañía querían otorgar bajas calificaciones a bonos hipotecarios, decisión que habría sido descartada por los gerentes de negocios, tal y como se desprende de algunas entrevistas realizadas hasta el momento.

En caso de que el Gobierno llegue a la conclusión de que hay evidencias para seguir adelante con el caso, que se tramitaría por la vía civil, podría desmentir la argumentación de S&P de que sus analistas trabajan al margen de las preocupaciones empresariales.

Hasta el momento no se ha hecho público si el Departamento de Justicia está investigando también a las otras dos agencias de calificación crediticia, Moody's y Fitch.

Durante los años de bonanza económica, S&P y otras agencias de calificación cosecharon grandes beneficios a través de otorgar sus más altas calificaciones a paquetes de préstamos hipotecarios en problemas, lo que hizo que las hipotecas parecieran menos arriesgadas y por lo tanto más valiosas.

Desde el estallido de la crisis, las prácticas de las agencias y los modelos de negocio han sido criticados desde muchos sectores, incluso en audiencias del Congreso y en informes que se han planteado preguntas sobre si el análisis independiente fue corrompido por la búsqueda de beneficios.

Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores también ha estado investigando posibles irregularidades en S&P, según ha señalado una de las personas entrevistadas sobre este tema, y podría estar investigando a Moody's y Fitch.

El portavoz de S&P, Ed Sweeney, ha indicado que la agencia de valoración crediticia "ha recibido múltiples peticiones de diversas agencias del Gobierno en los últimos años". "Continuamos cooperando con estas peticiones. No impedimos a esas agencias hablar con nuestros ex empleados", ha indicado.

Miembros del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores han declinado comentar sobre la investigación.

Pese a que el Departamento tiene la capacidad de presentar cargos penales, testigos de las entrevistas han señalado que lo que se está buscando es un caso civil.

El Gobierno ha iniciado relativamente pocos casos contra las grandes agencias económicas por su participación en la ampliación de vivienda, y ha cerrado las investigaciones sobre Washington Mutual y Countrywide, entre otros, sin tomar medidas.

"Creo que se generaría un gran impacto en caso de que exista un caso de fraude que sugiera que es el momento para promulgar una legislación que obligue a las agencias a cambiar su sistema de negocio", ha afirmado el profesor de la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York, Richard Sylla.

INVESTIGACIÓN PARALELA