Etiopía matiza su anuncio sobre la liberación de presos políticos y resalta que no todos serán excarcelados

La oficina de Desalegn ha indicado que "algunos miembros de partidos políticos y otros individuos sospechosos de cometer crímenes o algunos condenados serán perdonados o sus casos serán suspendidos".

Así, ha afirmado que esto se realizará "para lograr un consenso nacional y ampliar la esfera política", sin dar detalles acerca de cuántos o cuándo serán liberadas estas personas.

Desalegn anunció el miércoles la liberación de los presos políticos y el cierre del centro de detención de Maekelawi, presuntamente empleado para torturar con el fin de extraer confesiones.

En declaraciones recogidas por la prensa local, el primer ministro afirmó que "los políticos actualmente procesados y los que fueron condenados previamente verán sus casos anulados o bien serán indultados", explicando que la liberación de todos los presos políticos busca "fomentar la reconciliación nacional".

Según el diario etíope 'Addis Standard', la prisión de Maekelawi se convertirá en un "museo moderno". Además, Desalegn ha indicado que se abrirá un nuevo centro de detención que cumplirá con los estándares internacionales.

Por el momento no está claro qué es lo que ha motivado la decisión de las autoridades etíopes, que se ha producido tras días de consultas en las filas de la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE). De hecho, el anuncio se ha realizado en presencia de los líderes de los cuatro partidos que lo integran, según la prensa local.

El 'Addis Standard' apunta a que el gesto podría estar relacionado con los dos días de acción en las redes sociales que se llevaron a cabo a finales de diciembre, lo que contribuyó a aumentar la sensibilización de la población sobre el sufrimiento de los presos políticos.

PERSISTENTE INESTABILIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El país del Cuerno de África vive desde hace casi tres años una ola de violencia que comenzó con las protestas en la provincia de Oromiya por las denuncias de incautaciones de tierras.

Desde entonces, varios políticos disidentes han sido encarcelados tras ser acusados de terrorismo y colusión con el grupo secesionista Frente de Liberación Oromo (OLF), al que el Gobierno calificó de grupo terrorista.

Casi 700 personas murieron durante los meses de protestas registrados en 2015 y 2016, según una investigación ordenada por el Parlamento.

A continuación, las protestas por los derechos de las tierras degeneraron en manifestaciones por las restricciones políticas y los supuestos abusos a los Derechos Humanos, incluido el encarcelamiento de Merera Gudina y Bekele Gerba, líderes del grupo opositor Congreso Federalista Oromo.

En los últimos meses, también se han producido enfrentamientos étnicos entre oromo y somalíes en la región de Oromiya que han dejado decenas de muertos.

El anuncio del primer ministro se produce al término de las conversaciones en el seno de la coalición gobernante de las últimas semanas con vistas a elaborar políticas para abordar el malestar de la población. De hecho, la inestabilidad ha generado una creciente fricción entre los miembros del FDRPE y dos altos cargos presentaron su renuncia.

Además, Etiopía es acusada a menudo de usar los temores en materia de seguridad como excusa para ahogar la disidencia y la libertad de prensa. Su Parlamento, de 547 escaños, no cuenta con ningún representante de la oposición y los grupos opositores acusan al Gobierno de acoso constante e intimidación, si bien el Gobierno niega restricciones políticas.