La Eurocámara pide a los Gobiernos que no se recorten las ayudas para los más desfavorecidos entre 2014 y 2020

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles que no se recorten las ayudas europeas para los más desfavorecidos en el periodo 2014 y 2020 rechazando así el recorte de 1.000 millones de euros, hasta los 2.500 millones de euros, propuesto por la Comisión Europea y los Estados miembros en el marco de las negociaciones del próximo presupuesto europeo multianual

Los eurodiputados han defendido por amplia mayoría mantener al menos el nivel actual de ayudas para los más desfavorecidos en el próximo periodo de unos 3.500 millones de euros en el marco del futuro Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos que debe sustituir al actual fondo, pero han aplazado el voto de la resolución final para dar tiempo a las negociaciones del presupuesto.

"Casi 120 millones de europeos están en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de 40 millones sufren una privación mateiral severa y más de cuatro millones no tienen hogar", ha justificado el pontente de la resolución de la Eurocámara sobre el nuevo fondo de ayuda europeo a los más desfavorecidos, el eurodiputados socialista Emer Costello, en el debate previo.

"Los nuevos fondos son un instrumento importante para aliviar los efectos de la crisis económica y social y es una expresión práctica de la soldiaridad de Europa con sus ciudadanos más desfavorecidos", insistió.

Una mayoría de eurodiputados ha votado a favor además de hacer obligatoria la participación en el fondo, de manera que si un Estado miembros decide no utilizar el fondo el presupuesto siga disponible para los ciudadanos más desfavorecidos, aunque una amplia minoría de eurodiputados ha defendido por el contrario que la participación de los Estados miembros en el fondo debe ser voluntaria.

Los eurodiputados también han defendido que la Comisión Europea pueda cofinanciar hasta el 95% los costes elegibles en el caso de las personas más afectadas por la crisis, frente al 85% como máximo propuesto por el Ejecutivo comunitario.